DECLARACION DEL 24 DE MARZO DE 2003

 

Estamos reunidos en esta histórica Plaza del pueblo para repudiar con la misma fuerza de siempre el golpe de Estado de 1976, que instaló la dictadura militar más sangrienta de nuestra historia. Para reafirmar nuestro compromiso militante de continuar la lucha contra la impunidad y la represión de ayer y de hoy, contra el hambre y la entrega. Y para decir NO a la guerra imperialista contra Irak.

 

Decimos hoy presente a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y a todos los que dieron su vida en la lucha por conquistar una Argentina sin opresión ni explotación.

 

Este 24 de marzo nos encuentra en pleno ataque terrorista de Bush y sus aliados contra Irak. Desconociendo la movilización de todos los pueblos del mundo, incluso sin el apoyo de las Naciones Unidas, EE.UU. se ha lanzado a la guerra. Una guerra imperialista, una guerra por el petróleo, una guerra por cambiar el mapa del mundo y para garantizar su hegemonía.

 

Con esta guerra, los yanquis, Inglaterra, España y sus secuaces pretenden darnos una señal a los países y pueblos del mundo entero de que su poder no debe ser desafiado.  Sin embargo, la experiencia de los pueblos que resisten, como el palestino, las de Vietnam, Cuba, Somalía y muchas otras demuestra que los imperialistas no son invencibles y pueden ser derrotados.

 

El genocidio ejecutado por las Fuerzas Armadas que dieron el golpe el 24 de marzo de 1976 tuvo como objetivo destruir las organizaciones populares, exterminando a los luchadores y sometiendo por el terror a todos los argentinos. Esta es una de las caras de la dictadura. La otra es la miseria planificada para el pueblo, mientras viejos y nuevos grupos económicos no cesaban de enriquecerse.

 

Y esta política de las clases dominantes la continúan hasta hoy los gobiernos constitucionales. El genocidio del terrorismo de Estado se continúa en el genocidio económico. Durante estos 27 años, el imperialismo, los terratenientes y los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros (especialmente financieros e industriales) han dictado las políticas económico-sociales aplicadas en nuestro país, que profundizan la crisis estructural de Argentina y agigantan la desigualdad entre los pocos que acumulan riquezas y los millones que no alcanzan ni siquiera a percibir un ingreso mínimo que les garantice la subsistencia.

 

La profundización del carácter entreguista y antipopular de la política económica; la reducción del salario real, el aumento de la jornada laboral, la brutal flexibilización de las condiciones de trabajo, la consolidación de la hiperdesocupación como un factor permanente, el avance en la liquidación de la salud y la educación públicas; el cierre de miles de fábricas, la concentración de la propiedad de la tierra y su creciente extranjerización, son parte de la injusta realidad que vive nuestro pueblo.

 

Como también lo es la impunidad con que los sucesivos gobiernos constitucionales han amparado a las fuerzas armadas, a las policías y los civiles que planificaron y ejecutaron los crímenes de la dictadura.

 

Contrariando la voluntad mayoritaria del pueblo, con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos, el gobierno radical de Alfonsín y el justicialista de Menem les garantizaron la impunidad a los militares que planificaron y ejecutaron el horror, y a los grupos económicos que impulsaron el genocidio. Impunidad que continuó durante el gobierno de la Alianza de De la Rúa y continúa hoy el ilegítimo gobierno de Duhalde.

 

Esta garantía de impunidad para aquellos que desde algún lugar de poder atentan contra el pueblo les da vía libre a los que reprimen movilizaciones populares, torturan a los presos en las comisarías, asesinan a los jóvenes pobres por el sólo hecho de serlo. Y permite también que además de hacer escuela con sus sucesores, los represores de la dictadura sigan en actividad y ocupando altos cargos públicos y en las fuerzas armadas y de seguridad.

 

Hoy, 27 años después del golpe, nos encontramos con que Duhalde, surgido de un nuevo pacto espurio con Alfonsín, Ibarra y otros, sigue agudizando las penurias de los de abajo con su política de hambre y de sumisión nacional. Los salarios de los trabajadores pierden su poder adquisitivo al compás de la suba de precios, es cada vez más desesperante la situación de millones de desocupados, la pobreza se multiplica y la mortalidad infantil por desnutrición alcanza dimensiones inéditas. Mientras tanto, el gobierno continúa pagando la ilegítima y fraudulenta deuda externa, impone ajuste tras ajuste, pacta en condiciones humillantes con el FMI tal como se verifica en el acuerdo al que llegaron para imponer el tarifazo que favorece a las empresas de servicios públicos privatizadas y habilita la privatización de la banca pública. Son los mandatos del Fondo, de los grandes grupos económicos a los que obedece Duhalde.  Por eso,  indemnizó a los banqueros y les licuó la deuda a los grandes monopolios, en tanto les incautó los ahorros a los sectores medios,  y los llevó a una situación cuyos alcances todavía no han podido medirse, con la profundización del "corralito", la devaluación y la pesificación.

 

Este gobierno intenta frenar la lucha y la organización popular con más represión. A los asesinados por los anteriores gobiernos constitucionales, a los asesinados durante la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre y a los pibes de Floresta, se sumó el 26 de junio el brutal asesinato de los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en una marcha piquetera. 

Durante todo el 2002, a las marchas y puebladas contra el hambre, el gobierno respondió con palos, balas y cárcel. Así lo hizo, por ejemplo, en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires, Capital Federal. El atentado contra Estela Carlotto y muchos otros son parte de esta escalada intimidatoria y represiva. Y continúan los fusilamientos y las muertes por el llamado "gatillo fácil", como sucedió con Ezequiel Demonty. Pero los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de estos crímenes también tienen el amparo de la impunidad oficial. Sólo la permanente movilización popular hizo posible algunas condenas, como ocurrió hace pocos días con la prisión perpetua a que fue sentenciado el asesino de los chicos de Floresta.

 

Se han multiplicado las amenazas, juicios, persecuciones de todo tipo a los luchadores  populares.

Se han realizado violentos operativos en el intento de desalojar empresas recuperadas como Brukman, Chilavert, Lavalan, así como predios recuperados por las asambleas populares. Hace pocos días el gobierno de Ibarra desalojó con un despliegue brutal de fuerzas represivas a los habitantes del ex Padelai. Y ahora están nuevamente amenazados de desalojo los trabajadores de Zanón. A todos les expresamos nuestra activa solidaridad.

 

Pese a todo esto, el pueblo le dice basta a estas políticas de hambre, desocupación, entrega, corrupción, represión, impunidad. Y nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, los más de quinientos hoy jóvenes  apropiados, los nueve niños asesinados, los más de diez mil presos políticos, los exiliados, los asesinados, los torturados, los que resistieron de las más diversas maneras a la dictadura, están presentes en todas y cada una de las luchas que recorren la Argentina. Luchas que demuestran el fracaso histórico del terror y del mandato de silencio con que la dictadura militar pretendió que su proyecto de enajenación nacional y social duraran para siempre sin que nadie se le opusiera.

 

Venimos de un año de lucha, que dio continuidad al Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001.

En la gran gesta de esos días, que sintetizó y superó lo que ya venía expresándose en cortes de rutas, escraches, huelgas, marchas, piquetes y puebladas, quedó demostrado que el pueblo tiene memoria; que ha hecho su balance de la dictadura, que prefirió salir a la calle antes que aceptar pasivamente el hambre y la imposición del estado de sitio, que estaba decidido a enfrentar una nueva oleada represiva. Que tampoco había olvidado las luchas obreras y populares que precedieron al golpe del 76. A las políticas del gobierno, el pueblo responde con la ampliación y profundización de sus luchas. Las multitudinarias marchas de piqueteros y las manifestaciones populares a lo largo y ancho del país, las centenares de empresas recuperadas por los trabajadores, la presencia en las calles de las asambleas populares, las nuevas conducciones sindicales combativas, son ejemplo de esta nueva situación.

También nuevos vientos de lucha recorren América Latina. Las realidades de Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Paraguay así lo expresan.

 

Hoy estamos nuevamente juntos en la Plaza, y desde aquí:

 

Llamamos a enfrentar la criminalización de la protesta social,  que es utilizada como amenaza para todos aquellos que se atreven a organizarse y luchar contra el hambre y la prepotencia y que en la última década ha llevado a los Tribunales a miles de compañeros.

Exigimos la inmediata libertad de los presos políticos populares Acosta, Bertola, Felicetti, Gorriaran Merlo, Krmpotik y Quinteros.    

Asimismo exigimos que se rechace la pretensión de Italia y de España para que les sean entregados y extraditados de Argentina los luchadores Bertulazzi y Lariz Iriondo.

 

Repudiamos toda embestida represiva contra los que luchan.

 

Seguimos exigiendo la nulidad de las leyes y decretos de impunidad para que se haga de una vez efectiva la cárcel para los genocidas. Denunciamos las maniobras de la Corte Suprema para mantener su vigencia. Denunciamos también el apoyo a estas maniobras por parte del vicario castrense Baseotto, y el aval explícito que le prestan sectores de la cúpula de la Iglesia. 

 

Exigimos juicio y castigo a los responsables, ejecutores y cómplices de la masacre del 19 y 20 de diciembre y a la represión de las luchas obreras y populares de los últimos años.

 

Denunciamos que después de 8 años de instrucción en manos del juez Galeano y más de un año de juicio oral, en el crimen de la AMIA, la vía jurídica es impotente para esclarecerlo. Porque junto al Ejecutivo que preserva los secretos de Estado y al Legislativo que se presta a elaborar una ley antiterrorista a pedido de la SIDE, es parte responsable del entramado del encubrimiento. El Estado a través del juicio, trabaja para el cierre de la causa AMIA y para entregarla al servicio de la guerra.

 

Denunciamos todas las acciones que bajo diversos pretextos violan sistemáticamente nuestra dignidad y soberanía, como el asentamiento de bases norteamericanas en tierras ya cedidas en Tohuil, Tierra del Fuego, y el envío de marines a la provincia de Misiones así como el remate de nuestra Patagonia.

 

Manifestamos nuestra firme oposición al ALCA, que constituye un avance cualitativo en el avasallamiento de las economías latinoamericanas y en la destrucción de la soberanía de nuestros países. Luchamos por una verdadera integración solidaria de los pueblos latinoamericanos.

 

Expresamos nuestra activa solidaridad con Venezuela ante los intentos golpistas y el intervencionismo yanqui.

 

Denunciamos el Plan Colombia como plan de guerra e intervención militar del imperialismo norteamericano.

 

Decimos NO al bloqueo yanqui y al voto contra Cuba en las Naciones Unidas, exigimos  la liberación de los cinco rehenes cubanos prisioneros en EEUU.

 

Repudiamos la represión y la intervención directa de los imperialistas para mantener la opresión de nuestros países y nuestros pueblos, y erigirse en sus gendarmes.

 

 

Compañeras y compañeros

Estamos hoy aquí en graves y decisivos momentos para la humanidad, conmovida por una guerra feroz que se propone la colonización de Irak y el genocidio de su pueblo. Guerra que es una amenaza para todos nosotros si no logramos parar al genocida Bush, empeñado en afirmar su hegemonía con un nuevo reparto del mundo. La causa de Irak es la causa de todos los pueblos.

Por eso expresamos nuestro repudio a la guerra, llamamos a seguir manifestándonos contra el agresor imperialista. Nos comprometemos en la solidaridad con el pueblo iraquí, que desprovisto de la sofisticada tecnología bélica de los agresores, en condiciones totalmente desproporcionadas,  resiste heroicamente la invasión anglo-yanki a su tierra.

 

Exigimos al gobierno nacional que ningún soldado argentino sea enviado a Irak, y el inmediato retiro de cualquier forma de colaboración, aunque sea llamada “humanitaria”, que pretenda favorecer o avalar al agresor imperialista contra Irak.

 

Unimos hoy, 24 de marzo, en esta Plaza, nuestro repudio a la guerra con el homenaje a nuestros queridos compañeros desaparecidos, a los caídos el 19 y 20 de diciembre, a los pibes de Floresta, a Santillán y Kosteki, y a todos los mártires  en la lucha por los derechos de los trabajadores y el pueblo. 

 

Somos parte de ese torrente popular que manifestándose en las calles, las plazas y las rutas va a lograr que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Va a lograr  barrer con este poder que nos impone hambre y represión. 

 

Estamos por construir una nueva Argentina surgida de todas las formas de lucha, una Argentina que signifique pan, trabajo, tierra, vivienda, salud, educación, justicia y libertad para todos.

 

Estamos por

 

LA ARGENTINA CON LA QUE SOÑARON Y POR LA QUE LUCHARON Y DIERON SU VIDA NUESTROS 30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS

 

30000 compañeros detenidos-desaparecidos: PRESENTES!! Ahora y siempre.

 

Consignas

 

Convocantes