Publicamos aqui el informe completo de la CORREPI (en sus tres partes) sobre los derechos humanos en el gobierno de Kirchner.
Derechos
humanos
Argentina: Informe de
situación 2003-2006
CORREPI
Parte
I
Los Derechos Humanos
en la gestion Kirchner
Publicacion: 14-08-2006
Refutando que el gobierno
del presidente Néstor Kirchner pueda llamarse 'el gobierno de
los DDHH', CORREPI presentó un Informe de Situación de los DDHH
en Argentina durante su gestión, que demuestra que tanto la
represión de control social (gatillo fácil, torturas, muertes en
cárceles y comisarías) como la represión política han aumentado
en estos tres años y exhiben índices superiores a los de
cualquier gobierno anterior.
Introducción
CORREPI presenta todos los años un Archivo con los casos de
personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del estado, que
revela la continuidad de la represión posterior a 1983 más allá
de algún cambio de formas. Hoy, a tres años del inicio de la
actual gestión presidencial, presentamos este documento como un
complemento de nuestra denuncia, con un recuento de la represión
aplicada por este gobierno a los sectores pobres no organizados
de la sociedad y a los sectores organizados de la política
nacional desde el 25 de mayo de 2003 hasta el día de hoy.
La estrategia política del gobierno de Néstor Kirchner en
materia de derechos humanos es uno los ejes de su permanente
búsqueda de legitimación. Un manejo hábilmente combinado de
cooptación de referentes históricos del campo de los DDHH y de
propaganda oficial disfrazada de información periodística
intenta colocar a quienes denunciamos el carácter represor de
este gobierno como peligrosos desestabilizadores provenientes de
una izquierda calificada como siniestra.
Por detrás del silencio mediático y el discurso setentista, la
represión no ha dejado de aumentar y profundizarse en los
pasados tres años. Los casos de gatillo fácil y tortura son
cotidianos y su frecuencia es superior a la de cualquier
gobierno desde 1983 a la fecha, aunque en los titulares de los
diarios sólo trasciendan unos pocos. Son cada vez más frecuentes
las represiones en manifestaciones y movilizaciones populares, y
las amenazas a militantes o a familiares de pibes asesinados que
no abandonan su lucha. Ningún gobierno tuvo, desde 1983, más
presos políticos y más militantes sujetos a causas judiciales
que el gobierno de Kirchner.
Durante las tensas jornadas de militarización de Plaza de Mayo
en el último trimestre de 2005, cuando la represión se
sospechaba cercana, el Ministro del Interior Aníbal Fernández
hizo alarde de “no tener muertos en represiones”. Negaba así,
mientras se montaba sobre las denuncias de las masacres
cometidas en otros gobiernos, como la del Puente Pueyrredón, el
asesinato bajo las balas policiales de Luis Marcelo Cuéllar,
militante de la CCC, durante una represión en Jujuy a cinco
meses de la asunción presidencial.
A pesar de esta realidad, que se demuestra con hechos y datos,
el gobierno no deja de crear consenso a su favor con el
inapreciable concurso de los medios que reproducen y amplían el
discurso oficial. La prensa adicta, aun la que de vez en cuando
critica alguna medida de gobierno que califica de hegemonista o
poco democrática, presenta a los militantes y a los pobres como
delincuentes actuales o potenciales, justificando la represión
en ambos casos en aras del orden y la seguridad.
El presidente Kirchner presenta su gobierno diciendo que el
empleo ha aumentado; que las condiciones de vida de la población
van encaminadas hacia la mejora; que nos hemos liberado del yugo
imperialista pagando la deuda externa. Pero lo cierto es que los
sueldos no alcanzan para nada; que la comida, los medicamentos,
el gas, todo lo necesario para vivir, cada vez está más caro. Lo
cierto es que Kirchner ha logrado lo que Menem no pudo, aprobar
las leyes antiterroristas, expresión irrefutable de que este
gobierno está incondicionalmente al servicio del imperialismo.
Lo cierto es que crecen los hechos represivos en forma
inversamente proporcional a su repercusión mediática.
Como una expresión natural de un pueblo que vive en condiciones
miserables, se suceden las medidas de fuerza, las tomas de
fábricas, los cortes de calle, las huelgas, las manifestaciones.
Kirchner y sus aliados provinciales responden con represión,
operativos multifuerza, saturación policial, militantes y
obreros presos y procesados y tildando de 'terroristas' a los
trabajadores en huelga. En los barrios, aumenta el gatillo fácil,
se acumulan las denuncias de torturas y se multiplican las
detenciones arbitrarias. Cada día que pasa alguien muere en una
cárcel o comisaría.
Este informe prueba que, en su gestión de gobierno, Kirchner fue
empleando diferentes tácticas represivas, a fin de recuperar la
legitimidad perdida de las instituciones, la centralización del
poder político y los medios de comunicación.
Al comienzo de su gobierno adoptó el discurso de la “no
represión”, complementado con la cooptación de sectores
populares, la censura a los medios de comunicación y la
deslegitimación de los movimientos u organizaciones no
dispuestos a dejar su lugar de confrontación.
Continuó luego con una intensa campaña de los diferentes
sectores del poder a través de voceros y aliados mediáticos que
denunciaban la supuesta “inacción” del gobierno frente a la
protesta social y exigían una intervención represiva.
La campaña de la inseguridad “Blumberg”, a partir de abril de
2004, se tradujo en una profundización de la política represiva
tendiente a englobar y desdibujar peligrosamente las fronteras
entre el delito y la protesta social.
A partir de agosto de 2004, la Subsecretaría de Seguridad
Interior, hasta ese momento dependiente del Ministerio de
Justicia, regresó a la órbita del Ministerio del Interior, bajo
la conducción de Aníbal Fernández.
Fue creciente el agravamiento de las imputaciones hacia los
manifestantes. Si en un principio la mayoría de los jueces
recurría a delitos como atentado y resistencia a la autoridad,
obstrucción del tránsito, daño o similares, en la actualidad, se
imputa a los detenidos delitos gravísimos muchas veces no
excarcelables, totalmente desvinculados de las supuestas
conductas punibles y sobre la base de elementos probatorios
especulativos.
El carácter de clase de la represión queda en evidencia cuando
se compara la reacción estatal frente a las movilizaciones o
reclamos de los sectores medios con la forma en que se responde
a las demandas de los trabajadores y el pueblo. Mientras los muy
justificados cortes de los vecinos ambientalistas en
Gualeguaychú son calificados de legítimo ejercicio de la
libertad de expresión por el gobierno en su presentación en
respuesta a la demanda uruguaya, el mismo tipo de protesta,
cuando es protagonizado por desocupados, es considerado
delictivo.
A continuación, desarrollaremos el panorama de estos tres años
en materia de represión de “control social” -gatillo fácil,
torturas, muertes en cárceles y comisarías, detenciones
arbitrarias-; y de represión política:
Gatillo fácil, torturas y muertes en cárceles y comisarías
A pesar de los denodados esfuerzos de una buena parte de la
clase política argentina, en nuestro ordenamiento jurídico no
existe la pena capital, y como país firmante de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos -incorporada a la cúspide de
la pirámide jurídica con jerarquía constitucional-, tenemos
vedado reimplantarla.
Sin embargo, las fuerzas policiales emplean cotidianamente la
pena de muerte en las calles de todo el país. Denominamos 'gatillo
fácil' a las ejecuciones que configuran la aplicación por parte
de la policía de la pena de muerte extra-legal. Se trata de 'pseudoenfrentamientos'
en los que se pueden distinguir dos etapas sucesivas en la
perpetración del delito: el fusilamiento propiamente dicho, y el
posterior encubrimiento.
El
fusilamiento
Prácticamente en todos los casos el hecho es relatado por los
policías intervinientes de la misma manera, justificando su 'legítimo
accionar' en la agresión previa por parte de la víctima, que
siempre es referida como 'delincuente de frondoso prontuario' y
quien, indefectiblemente en los partes policiales, disparó
primero. Como se ha señalado en infinidad de relevamientos
estadísticos, hay datos objetivos que tornan inverosímil la
repetida versión del enfrentamiento. La desproporción numérica
entre los muertos civiles y policiales lleva a dos posibles
conclusiones: o tenemos la policía con mejor puntería del
universo, o ellos son los únicos que disparan. También es
llamativo que no exista relación en la cantidad de muertos y
heridos no uniformados. La casi inexistencia de sobrevivientes
civiles en estos supuestos tiroteos demuestra que la policía
tira a matar, sin efectuar disparos disuasivos ni a lugares no
vitales del cuerpo, de modo de no tener que cargar con molestos
testigos. En gran número de casos, aun los que la propia policía
confiesa 'accidentes', argumentando armas que se caen al piso,
golpean contra paredes, o se disparan en un forcejeo, es notable
que las balas impacten en la sien, la nuca o la espalda,
volviendo imposible la tesis del enfrentamiento.
El
encubrimiento
Inmediatamente después de cometido el delito, comienza la
segunda etapa, destinada a garantizar la impunidad del camarada
que 'puso' a uno. Es indudable la existencia de un espíritu de
cuerpo que se patentiza en los primeros informes de quienes
arriban al lugar del hecho cuando las muertes ya se han
consumado. Si el homicida no tiene un arma de más para 'plantársela'
al muerto, son sus colegas quienes la proveen, como se ha
probado en muchos casos. A estas armas plantadas se suman a
veces, por aplicación de la tesis de la 'culpabilización de la
víctima', sobres conteniendo alguna pequeña dosis de drogas,
tucas, ganzúas, y hasta efectos robados. Es un clásico que en la
instrucción inicial del caso, se consigne de inmediato que no se
encontraron testigos del hecho, sin que conste diligencia alguna
para hallarlos; así como que quienes espontáneamente se
presenten para declarar sean rechazados con un elegante 'ya los
van a citar'.
La medida del encubrimiento da la pauta del carácter
institucional de estos hechos, en los que el sumario policial
-en particular cuando instruye la policía- en lugar de
investigar, propone y da por cierta la tesis del enfrentamiento.
De la misma forma que se planta evidencia de lo inexistente, se
destruye la que pudiera echar luz sobre el asunto. Así, es
frecuente que los cuerpos sean lavados evitando toda posible
prueba de deflagración de pólvora en las manos, que se limpien
las armas, impidiendo saber si fueron disparadas o si tienen
huellas. También hemos verificado casos de espontánea
reproducción de la cantidad de proyectiles intactos en las armas
policiales en el trayecto hasta la oficina pericial, o la
repentina aparición de averías en armas o proyectiles
recuperados inexistentes en el momento del hecho. Estos
homicidios han crecido enormemente en los últimos tiempos, de la
mano de las políticas resumidas en el 'hay que meter bala a los
delincuentes'.
Finalmente, y ya en el marco de las causas penales, la
complicidad abierta o la ineficiencia siempre oportuna de
peritos y jueces permite la manipulación desembozada de las
pruebas, derivando muchas veces la investigación en causas
seguidas contra la víctima, cuyos antecedentes se rastrean hasta
el infinito.
El gobierno de Kirchner emplea esta herramienta de control
social como lo hicieron todos desde 1983. Las cifras que arroja
su gestión en cuanto a personas asesinadas por las fuerzas de
seguridad hablan solas, y son una demostración de que la
represión para el control social sigue vigente y en ascenso.
Desde el 25 de mayo del año 2003 hasta el 28 de julio del 2006
han sido 505 las personas asesinadas por las Fuerzas de
Seguridad. En su mayoría jóvenes pobres, los números en cada uno
de los años de esta gestión son:
102 asesinados entre el 25/5/03 y el 31/12/03.
159 asesinados en el año 2004.
175 asesinados en el año 2005.
69 asesinados entre el 01/01/06 y el 28/07/06.
Desde la 10ª Presentación del Archivo, tomamos conocimiento de
95 nuevos casos de gatillo fácil o muertes en la tortura, en
cárceles y comisarías en 10 provincias, 79 de ellos ocurridos
con posterioridad al 10 de diciembre de 2005.
Las provincias de las que hemos recibido datos en relación a los
primeros siete meses de 2006 son:
1. BUENOS AIRES, 20 casos.
2. CIUDAD DE BUENOS AIRES, 9 casos.
3. CORDOBA, 10 casos.
4. CORRIENTES, 5 casos.
5. JUJUY, 1 caso.
6. MENDOZA, 7 casos.
7. NEUQUEN, 1 caso.
8. RIO NEGRO, 1 caso.
9. SALTA, 1 caso.
10. SANTA FE, 5 casos.
11. SANTIAGO DEL ESTERO, 3 casos.
12. TUCUMAN, 6 casos.
Respecto de las modalidades, el 53 % de los hechos registrados
entre el 25/05/2003 y fin de julio de 2006 corresponden a
fusilamientos por gatillo fácil, y el 45 % a muertes en cárceles
y comisarías. De estos últimos, muchos corresponden a casos de
tortura seguida de muerte.
Debemos destacar, respecto del relevamiento que presentamos
posterior al 10/12/2005, que sólo se trata de los casos que nos
fueran informados en forma directa o que se publicaran en la
prensa, ya que CORREPI realiza la búsqueda activa para
actualizar el Archivo a fin de año, próximo a la fecha de
presentación pública.
La muerte de personas en situación de detención es la causa
predominante de muertes en manos del Estado.
El personal de los distintos centros de detención suele definir
las muertes como resultado de suicidios, incendios, peleas entre
internos y motines. Los suicidios suelen repetirse como método
de encubrimiento de la tortura seguida de muerte. Luego de que
en una sesión de tortura que suele involucrar golpes,
violaciones, “bolsita” (dificultación mecánica de la respiración,
generalmente utilizando una bolsa de polietileno en la cabeza) y
picana, si se agotan los mecanismos de defensa frente al dolor y
el detenido muere por un reflejo vasovagal o similar, el
personal policial suele construir una escena de ahorcamiento.
Cuando los partes médicos no son falsificados, en las autopsias
se pueden encontrar luego del supuesto ahorcamiento, marcas de
suelas de zapatos, golpes y quemaduras en el cuerpo de la
víctima. Como en el caso de Cristian Domínguez, muerto en la
comisaría 1ª de Berisso, hay casos en los que el personal médico
forense remueve en la autopsia las partes del cuerpo que brindan
la evidencia de que la muerte que se alega como suicidio no fue
tal.
Los incendios se presentan más en casos de protestas, por
reclamos, demandas y autodefensa ante la represión dentro de la
cárcel. Cuando algún detenido se descompone y la guardia se
rehúsa a brindarle atención los compañeros a veces recurren a la
quema de un colchón para generar la situación en la que el
personal deba abrir la puerta. Se repite en cárceles y
comisarías de todo el país la negativa de abrir las celdas,
incluso con la permanencia del personal observando el cuadro. Si
bien todos los informes lo certifican incendio tras incendio, el
gobierno rehúsa cambiar los colchones de poliuretano que con la
combustión liberan químicos que matan por intoxicación más
internos que el fuego. Las peleas entre internos y los motines
pueden ser tanto una forma falsa de caratular en los medios una
represión que resulta en varios muertos y heridos, o un
enfrentamiento interno promovido por reclusos que tiene
acercamiento al personal penitenciario.
Tras los motines, donde se producen gran cantidad de muertes, se
suceden los reclamos por aumento de presupuesto para el penal y
de sueldo para sus empleados, con el argumento de la falta de
seguridad para los mismos. Lo curioso es que en los motines
generalmente sólo mueren presos, y cuando ha muerto personal
penitenciario, como en el caso de Córdoba (penal San Martín),
las balas resultan ser policiales. Las muertes en motines no son
muertes 'que se podían evitar'. Son muertes que se fomentan.
Si los pliegos de reclamos penitenciarios posteriores a los
motines se centran en pedidos de garantías para una más eficaz
represión, resultan también de los motines los traslados,
abriendo nuevos cupos en el penal o celdas de comisaría. Los
motines permiten la remoción de un excedente de población
carcelaria y juegan un papel importante en la política interna
del penal, donde una cúpula directiva suele ser removida tras un
hecho de estas características. No hay que olvidar que la
población carcelaria es una gran fuente de ingresos para todo el
círculo administrativo que la rodea. Se explota el trabajo de
los internos dentro y fuera del penal con la comercialización de
los productos que elaboran intramuros, con el circuito ilegal de
reventa de los insumos oficiales (caso Magdalena) y salidas
“laborales” de internos reclutados para robar para sus guardias
(como se probó a partir del caso del Restaurant Dolly). La
explotación del comercio carcelario está en manos de los
guardias y sus autoridades, siendo mercancías el abrigo, la
comida, la comunicación, la droga y los medicamentos, lo que
agudiza las ya de por sí miserables condiciones de vida
intramuros, caracterizadas por el aislamiento, la violencia, la
tortura, el hacinamiento.
Esto se lee en los números: Campaña propagandística contra la
inseguridad mediante, la población carcelaria aumentó de 30.000
a 63.000 personas en todo el país, lo cual no se condice con el
aumento del delito en el mismo período, que fue menor a un
tercio. De ese universo de personas, hay 52.000 personas
alojadas en cárceles federales y provinciales que tienen
capacidad sólo para 32.000, mientras 11.000 están hacinadas en
comisarías u otras dependencias de las fuerzas de seguridad
federales y provinciales.
Lo acontecido en el penal de Magdalena, como en Coronda o
Córdoba, por sólo nombrar los casos más recientes de impacto
mediático, contiene la impronta del aniquilamiento sistemático
como política de Estado.
La muerte de personas bajo custodia, detenidas legal o
ilegalmente en cárceles y comisarías, representa el 44 % de las
que fue responsable el Estado durante estos 3 años de gobierno.
Las muertes en las dependencias policiales en su mayor medida
corresponden a casos de tortura seguida de muerte, aunque son
mínimas las condenas por este delito. En la reticencia oficial
de emplear las figuras penales de tortura y tortura seguida de
muerte confluyen la acción del poder legislativo y la del poder
judicial. El primero ha previsto en el código penal la
existencia de otras figuras legales, excarcelables, cuya
diferencia con el tipo de la tortura es únicamente la lenidad de
la pena. Delitos menores en términos de sanción, como los
apremios ilegales o las vejaciones, son provistos por los
legisladores a los jueces, que sólo en circunstancias muy
especiales condenan usando la figura real de aplicación de
tormentos. Es bien evidente cómo opera este mecanismo, cuyo
principal objetivo, además de penar de la forma más leve posible
a los guardianes del sistema, es silenciar el término “tortura”,
que remite ineludiblemente a la responsabilidad institucional.
Así es frecuente ver fallos judiciales que califican el tormento
de la “bolsita” como apremios porque… sólo se aplicó una vez al
detenido. Del mismo modo, los jueces prefieren tipificar como
homicidio calificado en concurso con vejaciones, u homicidio
preterintencional en concurso con apremios clarísimos casos de
tortura seguida de muerte, como en los casos de Diego Gallardo y
Jorge González, por tomar dos recientes, siguiendo la tradición
inaugurada en el caso Rodríguez Laguens. Así evitan la palabra
“tortura”, desincriminando al propio estado. La habitualidad de
esta política explica que, pese a la enorme cantidad de casos de
personas asesinadas en la tortura desde 1983, se cuenten en
menos de una docena los fallos que condenaron por el delito
específico de aplicación de tormentos seguido de muerte desde
esa fecha. |
Derechos
humanos
Argentina: Informe de
situación 2003-2006
CORREPI
Parte
II
Los Derechos Humanos
en la gestion Kirchner
Publicacion: 15-08-2006
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Detenciones
arbitrarias
Uno de los permanentes reclamos antirrepresivos es el cese de
las facultades policiales para detener personas arbitrariamente.
Este tipo de arrestos, que afectan a centenares de miles de
personas por año en todo el país, es una de las herramientas de
control social más efectivas, pues instala y naturaliza en la
población más vulnerable -aquella que debe ser disciplinada- la
idea de que cualquiera puede ser detenido sin motivo alguno en
cualquier momento, por la pura discrecionalidad policial.
Los códigos de faltas y contravenciones y la facultad policial
de detener personas “para identificar” o en “averiguación de
antecedentes” existen en forma uniforme en todo el territorio
nacional, dando a las policías federal y provinciales, y en
menor pero creciente medida, a la gendarmería y prefectura, la
posibilidad real de realizar detenciones que luego son
“blanqueadas” por la vía contravencional o la identificatoria.
No es exagerado afirmar que mientras estas facultades subsistan,
todos los habitantes de la nación, pero en especial los que
integran el segmento de “los sospechosos de siempre”, estamos en
situación de libertad vigilada.
El sistema contravencional y la “doble A” son absolutamente
incompatibles con un estado de derecho ya que atentan contra las
mínimas libertades ciudadanas. Así lo afirmó la Corte
Interamericana de DDHH en la sentencia del Caso Bulacio el 18 de
septiembre de 2003, y por ello ordenó, en el más importante
punto dispositivo de la condena al Estado Argentino, la revisión
de todo el sistema de detenciones policiales y su adecuación a
los principios consagrados en la Convención Americana que
nuestro país se ha comprometido a respetar.
El actual gobierno, pese a sus recurrentes afirmaciones de
defensa de los DDHH, viene incumpliendo sistemáticamente la
sentencia de la Corte IDH, reconocida como órgano jurisdiccional
superior, incluso, a nuestra propia Corte Suprema. Primero
instruyó a los ministros de la “renovada” Corte Suprema para que,
al filo de la aplicación de sanciones por el incumplimiento, en
diciembre de 2004, sacaran un fallo lavado e inconsistente,
puramente formal, que reconoce -porque la Constitución no les
deja resquicio en ese punto- que la sentencia debe ser acatada.
En ese pronunciamiento, encabezado por el voto del “progresista”
Eugenio Raúl Zaffaroni, se admite que la causa no ha prescripto,
pero dejan los ministros -y Zaffaroni en particular- sentado su
desacuerdo con el punto esencial del fallo internacional: no
admiten que todo crimen policial (o de cualquier fuerza de
seguridad) es imprescriptible, porque al ser el estado el autor,
es una violación a los derechos humanos. Se niegan a reconocerlo
y cometen desobediencia a su superior, la Corte IDH, porque si
lo hicieran, todos los delitos policiales y de los demás
miembros de agencias represivas del estado deberían ser
inmediatamente incluidos en la categoría de imprescriptibles,
perdiendo los jueces una de las herramientas habituales para
garantizar la impunidad de los sicarios del sistema: la
prescripción de las causas penales. En el mismo fallo los
cortesanos nacionales se alzaron contra la Corte IDH al no
reponer a la familia como querellante, lo que explícitamente
ordena la sentencia internacional.
En segundo lugar, el Consejo de la Magistratura recibió hace más
de dos años los antecedentes del caso para cumplir otro punto de
la sentencia internacional: la sanción a los jueces y camaristas
nacionales que la Corte IDH consideró “responsables de esta
gravísima situación de impunidad”, por haber dilatado 15 años el
trámite de la causa penal sin llegar a una sentencia. No sabemos
que se haya iniciado un expediente todavía.
Finalmente, en lo que hace al sistema de detenciones arbitrarias,
una y otra vez ha instado la Corte IDH a la Argentina a cumplir
lo ordenado. Lejos de revisar los mecanismos que permiten a
policías y otras fuerzas de seguridad realizar arrestos ilegales,
esas facultades se han incrementado a nivel nacional y local.
Los códigos de faltas y contravenciones son constantemente
reformados para endurecerlos, mientras jueces y legisladores
permanentemente amplían el menú de justificaciones para que se
detengan personas fuera de las únicas hipótesis contempladas por
la Constitución Nacional y la Convención Americana de DDHH, esto
es, la flagrancia o la orden judicial preexistente.
Estas facultades, que tienen por objeto aplicar el control
social, recaudar para la “caja” policial y simular un nivel de
eficiencia en la “guerra contra la inseguridad” totalmente
desvinculado de la prevención de hecho delictivo alguno, generan
a su vez las condiciones materiales para hechos de muchísima
gravedad, pues el detenido en esas circunstancias es la víctima
habitual de torturas, que llegan en no pocos casos a producir la
muerte.
No hay otra explicación para la deliberada omisión del gobierno
de Néstor Kirchner en cumplir con la sentencia del Caso Bulacio
que concluir que, como sus antecesores de todas las épocas, NO
ESTA DISPUESTO A QUE SUS FUERZAS DE SEGURIDAD PIERDAN SU MAS
VALIOSA Y EFICAZ HERRAMIENTA DISCIPLINADORA.
Amenazas,
aprietes, hostigamientos
En el curso de los pasados tres años han arreciado los episodios
de persecución, hostigamiento y amenazas a militantes,
activistas y defensores de derechos humanos protagonizados por
el gobierno nacional o sus aliados provinciales. Esta es una
enumeración, seguramente incompleta, de los principales
acontecimientos represivos de esta índole desde el 25 de mayo de
2003:
Año 2003
El 9 de junio de 2003 personal de infantería de la Cria. 8ª que
custodiaba los negocios del empresario Brukman, lesionó al
periodista Alejandro Goldin. En julio, compañeros del Movimiento
Pampeano por los Derechos Humanos fueron amenazados en la
localidad de Eduardo Castex por un ex represor de la dictadura.
En julio, integrantes de la Asamblea Popular de Villa Crespo
sufrieron persecución y amenazas por parte de la Cría. 25ª de la
PFA.
En agosto se sucedió una escalada de amenazas y atentados en
Rosario. Eduardo Toniolli de HIJOS-Rosario sufrió un atentado en
el que arrojaron una granada que no detonó rompiendo la vidriera
de su negocio. Aparecieron pintadas contra el profesor Gustavo
Brufman, víctima hace unos años de un atentado explosivo junto a
Mariana Hernández Larguía, y denunciante en una causa contra un
represor. A tres años de estos hechos no se conoce que hayan
descubierto ningún responsable.
En octubre de 2003 el abogado peruano Ricardo Guzmán Cevallos
sufrió un atentado xenófobo y racista por parte de integrantes
de la Policía Federal en el barrio de Abasto. En ese mes, un
grupo de derecha capitaneado por la diputada electa por el
menemismo bonaerense Mirta Pérez intentó atacar al compañero
Daniel A. Stragá a la salida de un programa televisivo donde
polemizó con aquella. Por otro lado, una patota del PJ y de
transas locales llevó adelante un violento desalojo de un
comedor popular del MTD Aníbal Verón en José C. Paz.
Año 2004
Este fue probablemente el año con mayor persecución ideológica
de la gestión K. y el año con mayor cantidad de presos políticos
desde Alfonsín. También fue el año de la avanzada del
“manodurismo” impulsado por el Juan Carlos Blumberg, instrumento
de la derecha que se pronunció públicamente acusando a los
organismos de derechos humanos de defender delincuentes, con el
doble propósito de desprestigiar la lucha contra la violencia
institucional y relegitimar a las fuerzas de seguridad. En ambos
sentidos, su estrategia fue coincidente con la del gobierno, que
hizo propias e impulsó legislativamente las medidas
reaccionarias propuestas por el ingeniero.
Comenzó el año con la prédica del secretario general del
Sindicato de Peones de Taxis Omar Viviani, que llamó a “matar a
todos los piqueteros” en coincidencia con la decisión oficial de
coartar aún más el derecho a manifestarse en la vía pública.
En mayo se conocieron los términos de la querella promovida
contra el compañero Daniel A. Stragá de CORREPI por la diputada
oficialista Mirta Pérez, causa que sigue abierta y camino al
juicio oral.
A mediados de ese mismo mes, Juan López, trabajador del
frigorífico Tango Meat, recibió un disparo de Ithaka efectuado
por personal policial convocado por la patronal en el marco del
conflicto gremial de la empresa.
En junio los fiscales platenses Romero y Heredia instruyeron a
la policía bonaerense para fotografiar, identificar y detener a
todos los piqueteros que cortaran calles utilizando capuchas y
palos.
El 9 de julio, la agrupación oficialista Patria Libre y su brazo
de desocupados apalearon a manifestantes que intentaban una
protesta contra el presidente en la ciudad de Tucumán.
En julio se conocieron denuncias de organizaciones barriales de
Moreno por las amenazas y provocaciones sufridas a manos de
patotas del intendente Mariano West.
El 26 de agosto se sucedieron varias amenazas contra el
movimiento de derechos humanos. Blumberg acusó a los organismos
de ser defensores de delincuentes y se manifestó partidario de
la pena de muerte.
En el mes de noviembre y en el marco del juicio contra los
policías bonaerenses Hugo Alberto Cáceres y Anselmo Puyó, jefe y
lugarteniente del Escuadrón de la Muerte de Don Torcuato, la
familia Ríos fue amenazada por otros integrantes de la agencia
Tres Ases, empresa de seguridad privada del primero.
En diciembre, mientras CORREPI y otras organizaciones sociales y
políticas acampaban en Plaza de Mayo reclamando una “Navidad sin
Presos Políticos”, varios de los manifestantes sufrieron
amenazas de parte de la P.F.A.
Año 2005
Próximos a cumplirse 29 años del Golpe Militar, hubo una serie
de amenazas y acciones intimidatorias contra militantes
populares en la provincia del Neuquén, a las que no fueron
ajenos ni el gobierno nacional ni el provincial de Sobich.
La esposa de un ceramista de la fábrica ex Zanón -hoy FaSinPat (Fábrica
Sin Patrón)-, primero fue secuestrada en un Falcón verde, le
cortaron la cara con un bisturí y en una segunda oportunidad fue
golpeada y la quisieron asfixiar. En esos días, el gremio
judicial recibió una esquela reivindicando a la dictadura del
76, enviando amenazas de muerte “si no se dejaban de joder con
el gobierno neuquino”. El 14 de marzo volvieron a recibir
amenazas la Defensora de Niños y Adolescentes, Dra. Nara Oses y
la defensora adjunta Dra. Edith Galarza, ambas ligadas a la RED
POR LA IDENTIDAD PATAGONICA (Neuquén-Cipolletti-General
Roca-Lagos del Sur-Río Grande).
El sábado 28 de marzo, al abordar un colectivo en Villa Fiorito,
Andrés Amado, militante de CORREPI, fue atacado por dos hombres
que lo golpearon, le gatillaron en la cabeza y lo amenazaron
diciendo que la próxima vez el arma estaría cargada. Otros
integrantes de CORREPI sufrieron amenazas telefónicas e
incursiones en sus domicilios en esa semana.
En los primeros días del mes de mayo la abogada salteña Mara
Puntano fue amenazada por un jefe de la Gendarmería de apellido
De la Colina. El 6 de junio el compañero Sergio Smietniansky de
CORREPI encontró en la puerta de su estudio jurídico pintadas
que decían “Zurdos = Judíos” y la consabida cruz svástica,
atribuibles a grupos de neonazis ligados al PNOSP.
En el Barrio La Fe, Leonardo Santillán, hermano de Darío, fue
agredido y amenazado por numerarios de la Cría. 6ª de Monte
Chingolo.
El 20 de junio, en el acto en Rosario donde hablaría Kirchner,
una manifestación que intentaba ir al lugar fue reprimida por la
patota de Patria Libre y Barrios de Pie. Un periodista y un
militante de la APDH de esa ciudad resultaron heridos.
Durante el mes de julio, Jorge Nicolai, sobreviviente de una de
las tantas causas fraguadas por la Policía Federal de Aníbal
Fernández, sufrió una serie de amenazas después de su aparición
televisiva en el programa “La Liga”. Cerca de su casa en
Florencio Varela fue interceptado por un automóvil, lo apuntaron
y amenazaron de muerte. Para fin de ese mes recibió dos amenazas
más. En las tres oportunidades los patoteros se refirieron a su
denuncia contra la policía federal.
El 17 de agosto, el médico y colaborador de Liberpueblo Eduardo
Marquesoni fue detenido en General Pico en ocasión de marchar
contra el juez Julio Fernández. A mediados del mes de septiembre,
en un barrio de la ciudad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe,
una patota de empleados municipales encabezados por el senador
provincial Traferri y la intendenta Mónica Quintana agredió
físicamente a vecinos y militantes de derechos humanos. A
mediados de ese mes, la UOCRA filial Chubut amenazó a los
miembros de la Asamblea Popular de Esquel.
El 26 de septiembre el intendente marplatense Daniel Katz, en
declaraciones radiales amenazó con prisión a todos aquellos que
perturbaran la Cumbre de presidentes del mes de noviembre.
Prometió mano dura contra los que hicieran pintadas contra Bush.
El 10 de octubre, mientras militantes del SIMECA aguardaban
fuera de la comisaría 2ª de la PFA conocer la situación de tres
compañeros detenidos en una movilización, algunos de sus
referentes recibieron amenazas en sus handies y celulares de
trabajo, provenientes de los aparatos que fueron secuestrados a
los que estaban detenidos. El 23 del mismo mes, un militante del
MTD Aníbal Verón de Morón fue detenido y golpeado por policías
de las Crias. 2ª y 6ª de Morón.
El 30 de octubre ciento veinte familias que habían ocupado un
predio desocupado en el Barrio San José de Almte. Brown, Pcia.
de Buenos Aires fueron apaleados por una patota del municipio.
El 1 de noviembre, luego de una justificable reacción de los
usuarios del ferrocarril Sarmiento en la Estación Haedo, el
ministro del interior Aníbal Fernández ya encontraba culpables y
amenazaba con consecuencias penales a la agrupación Quebracho y
al Partido Obrero.
Para el mes de diciembre hubo una escalada intimidatoria en la
ciudad y la provincia de Buenos Aires y la Provincia, con
ataques a los locales del SERPAJ, el PO y ATE Quilmes.
Por su parte, el Dr. Rodolfo Yanzón de la Liga Argentina por los
Derechos del Hombre denunció las amenazas de muerte a él y su
grupo familiar de las que fue objeto apenas comenzado el día
internacional de los derechos humanos.
Para finalizar el año deben computarse las amenazas contra
militantes de los derechos humanos por parte del intendente
Scott de la localidad santafesina de Venado Tuerto. Este
personaje afirmó, ante el anuncio de un escrache promovido por
la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y UADH, que iba a
recibir a los manifestantes a los tiros de sus dos nuevas
pistolas calibre 9mm.
Año 2006
Durante el año en curso se han incrementado las intimidaciones a
militantes.
La noche del jueves 2 de febrero la compañera María del Carmen
Verdú de CORREPI, en esos días abocada a la defensa del
dirigente piquetero Ricardo “Chacho” Berrozpe, detenido en Mar
del Plata luego de la movilización en repudio a la presencia de
Bush, fue intimidada por varios individuos a bordo de un
automóvil. La patente del auto resultó estar registrada en Mar
del Plata. Luego de efectuada y ratificada la denuncia penal,
aportando el dominio del automóvil, no hubo ninguna novedad
judicial.
Pese a la cercanía casi omnipresente de la Sra. Barnes de
Carlotto con el gobierno, en marzo de este año otra dirigente de
Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata, Antonia de Zegarra,
denunció que “ni en plena dictadura” las amenazaron “tanto como
lo han hecho ahora”, desde que apareció Sebastián, el nieto
número 82, en febrero. Zegarra dijo que las amenazas son
“constantes” y “anónimas” y se reciben en domicilios y oficinas
del organismo. Desde la sede de las Abuelas ubicada en pleno
centro de Mar del Plata se informó que los mensajes que se dejan
en los contestadores telefónicos reivindican al desconocido
Comando 24 de Marzo.
En la misma época, en Córdoba, Sonia Torres de 77 años, titular
de la filial local de Abuelas, fue golpeada brutalmente por tres
individuos armados, en un hecho al que los dirigentes de la
agrupación calificaron como “un acto intimidatorio” que se suma
a amenazas recibidas en los últimos días.
En el mismo contexto, en la ciudad de Rosario un mural pintado
frente a la Escuela Industrial Superior en el 30 aniversario del
golpe de estado, apareció dañado con cruces svásticas y vivas a
Videla.
Dentro de este marco, deben destacarse situaciones
explícitamente impulsadas por el propio gobierno, como las
amenazas sufridas por el compañero Osvaldo Barros de la
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos después del 24 de
marzo, que consistió en grabar en el contestador de su teléfono
celular una reunión en la que había participado.
No puede olvidarse, en el marco de las presiones impuestas desde
el gobierno en torno del 24 de marzo, la calificación de
“izquierda siniestra” que pronunció el ministro Aníbal Fernández
respecto de quienes no aceptaron compartir el palco oficial. En
el mismo sentido, haciendo gala de su obsecuencia, el referente
de la organización oficialista Patria Libre se dirigió
amenazante a la compañera Adriana Calvo de AEDD para evitar que
se leyera un documento crítico hacia el gobierno y, en un
programa de radio, calificó a nuestra compañera María del Carmen
Verdú como “desestabilizadora”.
En abril del año en curso, el Centro Olga Vázquez del Frente
Darío Santillán fue atacado e incendiado por una organización
abiertamente oficialista. El día 8 de abril, militantes del
oficialista Movimiento Evita fueron atacados por policías de la
Cría. 30ª en Barracas, dejando un saldo de varios heridos, entre
ellos uno de gravedad.
Ese mes, la UOCRA Neuquén atacó a los maestros en lucha y la
misma UOCRA, pero en San Luis, agredió violentamente una
manifestación contra Rodríguez Saa. Un mes después, los obreros
de la construcción reemplazaron a policías que estaban
autoacuartelados y patrullaron las calles de San Luis capital y
Villa Mercedes.
El 10 de mayo de 2006 el abogado Cristian Hendrickse, que
representa a varias víctimas de hechos represivos policiales en
Chubut, fue notificado de una denuncia en su contra radicada por
un vecino y que databa de casi dos años atrás. La denuncia tenía
como propósito intimidar por la manifestación que se impulsaba
por el primer aniversario del asesinato bajo custodia de
Gumersindo Vergara y otras acciones judiciales contra la policía
chubutense patrocinadas por Hendrickse. En el mismo mes de mayo
se conoció el hostigamiento judicial sufrido por la abogada de
FIDELA María Fernanda Pereyra por su actuación como defensora de
los presos de Haedo.
Finalmente, en Neuquén, durante la realización de una actividad
político-cultural en Casa Marx en la madrugada del 9 de julio,
fue golpeado y detenido el abogado del Centro de Profesionales
por los Derechos Humanos (CeProDH), Leopoldo Denaday mientras
hacía ejercicio de su profesión.
Patotas
El actual régimen acude de manera creciente a grupos de choque
paraestatales para intervenir en los conflictos que por su
magnitud o perseverancia necesita resolver con urgencia sin
manchar el nombre de la gestión ni contribuir a la
deslegitimación de las fuerzas represivas: la patota.
A lo largo del gobierno de Néstor Kirchner se dieron una serie
de conflictos en los que sindicatos u otras organizaciones
controladas por el Partido Justicialista, llevaron adelante una
agresión feroz y abierta contra luchadores populares, sin el más
mínimo reparo en cuidar la imagen del gobierno, pues se pretende
desvinculada del mismo.
Así fue como, frente a las repetidas movilizaciones de los
estudiantes en oposición al intento de la asamblea del Consejo
de la Universidad de Buenos Aires de nombrar a Atilio Alterini,
represor de la dictadura, como decano de la Universidad, el
sindicato de no docentes APUBA atacó a los estudiantes en la
Facultad de Medicina, golpeando gravemente a uno de ellos que
debió ser hospitalizado.
Del mismo modo en Neuquén, ante la perseverancia de las medidas
de lucha llevadas adelante por los docentes, que cortaban la
ruta en el acceso a una planta de Repsol-YPF, patotas de la
UOCRA los atacaron con piedras y palos hasta desalojarlos. Este
hecho en particular fue acompañado por una campaña de propaganda
llevada adelante por los Padres Autoconvocados Neuquinos (PAN)
que distribuían volantes en la ruta con la inscripción “Queremos
escuelas y rutas abiertas.” Este mismo grupo fue el que se
encargó de amedrentar a los estudiantes secundarios de la misma
localidad cuando llevaron adelante un mes de luchas por mejoras
edilicias, viandas y la derogación del decreto 424/06 que
permitía a la policía apostarse dentro de las escuelas al solo
llamado del Consejo Provincial de Educación.
También se reprimen los conflictos laborales con el aporte de
las agencias de seguridad privadas, quienes encarnando el rol
policial, llegaron a retener dentro de los edificios a los
trabajadores. Los empleados de Telefónica en Barracas se
disponían a realizar una asamblea por la falta de pago de los
salarios y la seguridad privada contratada por la patronal se
encargó de impedir la entrada y salida de los trabajadores. En
Crónica, los trabajadores en asamblea por despidos fueron
atacados por 'patovicas' contratados por la patronal, que
hirieron a algunos de los trabajadores e impidieron la salida
hacia un hospital y el ingreso de los médicos.
Los grupos paraestatales suelen ser los encargados de liberar
las calles de manifestaciones opositoras. Como ocurrió un 9 de
julio en Tucumán, en Rosario, durante una vista del presidente
con el motivo de Día de la Bandera, organizaciones sociales
promovieron una marcha de oposición. Barrios de Pie,
organización de desocupados kirchnerista, atacó la movilización
para impedir que se acercaran al lugar del acto, lesionando a
varios manifestantes y a un periodista que se encontraba
cubriendo la noticia.
Más recientemente, el 24 de marzo, las organizaciones
oficialistas intentaron sabotear la lectura del documento que
denunciaba la continuidad de la miseria, de la represión y el
encarcelamiento de compañeros por enfrentar al gobierno. |
Derechos
humanos
Argentina: Informe de
situación 2003-2006
CORREPI
Parte
III
Los Derechos Humanos
en la gestion Kirchner
Publicacion: 16-08-2006
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Desalojos
violentos y represión en manifestaciones
En los 37 meses de gobierno, desde mayo de 2003, hemos
contabilizado 43 casos de represiones violentas, 22 de ellas
destinadas al desalojo y desarticulación de medidas de lucha
llevadas adelante por trabajadores de distintos rubros, y las
restantes 21 correspondientes a represiones a movilizaciones de
desocupados, violentos desalojos de comunidades originarias con
el fin de explotar las tierras que habitan, y razzias a barrios
humildes tanto en la capital como en el interior del país.
Si bien los distintos hechos se distribuyen de manera bastante
homogénea, la mayor parte de las represiones tuvo lugar en la
provincia de Buenos Aires y en el sur del país, donde se
concentra la actividad petrolera con conflictos obreros
reiterados y crecientes. La provincia de Santa Cruz, tierra
natal del presidente donde se reiteraban las represiones cuando
éste era Gobernador, es de las más recurrentes en la lista que
conforman los ataques perpetuados por la policía a las
organizaciones sociales en lo que va de su mandato presidencial.
Año 2003
21/09/03, Salta. Indígenas desalojados de sus tierras entre
insultos y golpes. Se simulan fusilamientos. Veinticuatro
personas fueron detenidas.
23/09/03, Ciudad de Buenos Aires. Unos 500 piqueteros de varias
organizaciones son desalojados del Subte. Las fuerzas de
seguridad los atacaron con golpes de bastones. 10 detenidos.
23/09/03, La Plata, Buenos Aires. La Corriente de Trabajadores
Desocupados Aníbal Verón fue reprimida con gases y balas de goma
cuando exigían que se atendieran sus reclamos frente a edificios
de la Provincia.
24/09/03, Neuquén. Los maestros que exigían mejoras salariales y
de sus condiciones de trabajo fueron desalojados por la
represión.
Ese mismo día en la ciudad de Rosario, la policía santafesina
reprimió una manifestación piquetera.
09/10/03, Jujuy. Libertador San Martín. 5.000 personas se
movilizaron a la comisaría local, en la que cinco días antes
había muerto en la tortura el joven militante de la Corriente
Clasista y Combativa Cristian Ibáñez, de 20 años. Con refuerzos
de la policía de San Salvador se desató la represión frente a la
cual la gente respondió incendiando la comisaría. Los efectivos
dispararon con balas de plomo. Fueron detenidos 30 manifestantes
y se libraron 15 órdenes de captura, entre ellas la del
dirigente de la CCC Enrique Mosquera. Un agente de civil disparó
a quemarropa sobre Luis Marcelo Cuellar, militante de la misma
corriente, primer muerto en una manifestación del gobierno de
Néstor Kirchner.
29/10/03, Salta. La comunidad indígena Ava Guaraní fue
desalojada de sus tierras. Fueron detenidos prácticamente todos
los presentes, incluidos niños, ancianos y mujeres embarazadas,
todos sometidos a golpes y palazos.
25/11/03, Neuquén. La Policía local reprimió una manifestación
de desocupados que repudiaba la medida del gobierno Provincial
de suplantar el dinero de los planes sociales por bonos a ser
canjeados sólo en ciertos negocios. La policía atacó con palos y
gases. Luego comenzó a disparar con balas de plomo, apuntando a
militantes populares. Pedro Alveal, joven del MTD de 20 años de
edad que trabajaba hacía un año en la Cerámica Zanon, recibió 64
impactos de bala de goma y perdió el ojo izquierdo.
13/12/03, Santiago del Estero. La policía reprimió a dirigentes
del MOCASE.
Año 2004
02/04/04, San Martín de Los Andes, Neuquén. La policía
provincial procedió a desalojar brutalmente a una familia. Se
generó un enfrentamiento en todo el barrio. Las fuerzas
golpearon a los niños que llegaban del colegio.
05/04/04, San Miguel de Tucumán. Represión con gases
lacrimógenos y balas de goma a los desocupados del MTR-CUBa.
26/05/04, Tucumán. El gobierno ordenó la represión sobre un
grupo de desocupados que reclamaba bolsones de comida para los
comedores de la zona.
29/05/04, San Luis. La policía desalojó a los maestros que
habían tomado el edificio de la legislatura provincial. La
caballería perseguía a padres y alumnos a golpes de machete y
palos
30/08/04, Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores de la Farmacia
Franco Inglesa que ocupaban el local en defensa de su fuente de
trabajo fueron desalojados brutalmente por la Policía Federal.
14/08/04, Pigüé. Trabajadores de la Fábrica Gatic fueron
desalojados por la policía bonaerense en plena asamblea.
18/10/04, Ciudad de Buenos Aires, Plaza de Mayo. 300 obreros del
frigorífico Yaguané fueron reprimidos por la Guardia de
Infantería de la policía federal. Hubo siete heridos.
22/11/04, Tucumán, Banda de Río Salí. Obreros de FOTIA fueron
reprimidos en el corte del puente Lucas Córdoba por la policía
de Tucumán.
28/11/04, Catamarca, Tafí Viejo. Organizaciones barriales y de
desocupados cortaban la ruta provincial 33 en reclamo de trabajo
genuino, planes sociales y la construcción de dos guarderías.
Por orden de la fiscal de instrucción III, Patricia Olmi, la
Guardia de Infantería reprimió la manifestación. Hubo diez
dirigentes detenidos y veinte heridos con balas de goma.
28/11/04, Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores de la Unión
Ferroviaria seccional Gran Buenos Aires Oeste en huelga fueron
reprimidos con intervención de la seguridad privada y Policía
Federal. Hubo doce detenidos.
05/12/04, Santa Cruz, Las Heras. Setenta trabajadores ingresaron
al área de tanques de la firma Oil (subsidiaria de Repsol-YFP)
de la localidad de Las Heras en reclamo de puestos de trabajo.
La jueza Graciela Ruata de Leone ordenó el desalojo y mandó a la
policía provincial desde Caleta Olivia. Hubo veinticinco
detenidos. La trabajadora Karina Sauco perdió su embarazo debido
a los golpes recibidos entre las piernas y en el vientre en una
sesión de tortura aplicada por el Oficial Borquez en la
comisaría de Las Heras, al grito de : “Qué bueno, llegó la
represión a Las Heras, los vamos a matar a todos estos hijos de
puta”.
Año 2005
03/01/05, Ciudad de Buenos Aires. Movilización tras la Masacre
de Cromañón reprimida por la policía, hubo ocho detenidos, luego
imputados con causas penales.
6/01/05, Ciudad de Buenos Aires. Una nueva movilización por la
Masacre de Cromañón culminó con 35 detenidos, luego imputados
con causas penales.
10/02/05, La Rioja. Trabajadores del ex Policlínico ADOS fueron
desalojados violentamente por la policía provincial. En el acto
en repudio al accionar del gobierno local la policía volvió a
reprimir dejando varios heridos.
14/02/05, Ciudad de Buenos Aires. Desalojo violento a los
artesanos de Plaza Francia, con dos detenidos.
28/02/05, Trelew, Chubut. Brigadas del GEOP irrumpieron en una
barriada de la ciudad golpeando y amenazando a los vecinos. La
portada de los periódicos locales mostró cómo un miembro de las
fuerzas represivas apuntaba con su fusil a la cabeza de un niño
de cinco años.
2/04/05, Salta Capital. Docentes instalaron una carpa en la
Plaza 9 de Julio en forma de protesta contra el gobierno. Fueron
reprimidos con gases, palos y balas de goma quedando como saldo
decenas de docentes golpeados y dos diputados del Partido Obrero
presos.
24/04/05, Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores de LAFSA que se
oponían a la privatización tomaron el Aeroparque Jorge Newbery y
bloquearon las boleterías. Fueron desalojados por la policía con
balas de goma y palazos. Hubo varios trabajadores encarcelados.
31/05/05, Neuquén Capital. La policía reprimió a los
trabajadores de la educación que acampaban frente a la casa de
gobierno. Hubo varios heridos por las balas de goma y afectados
por los gases lacrimógenos.
02/07/05, Santa Cruz. Delegados de ATE fueron detenidos con la
acusación de coacción y trasladados a los extremos territoriales
de la provincia. Al mismo tiempo, delegados de ATE de la Ciudad
de Buenos Aires arrojaron panfletos en el interior de la Casa
Rosada y dos sindicalistas fueron detenidos por desobediencia.
20/07/05, Santa Cruz, Cañadón Seco. Gendarmería y Policía
Provincial desalojaron violentamente a trabajadores que ocuparon
una planta petrolera. Hubo más de cincuenta detenidos. 500
agentes iniciaron la represión con gases lacrimógenos, palos y
balas de goma. La represión continuó contra los familiares y
amigos de los detenidos que reclamaban por su libertad. Frente a
la comisaría 3ª de Caleta Olivia, el GEOP llegado especialmente
desde Río Gallegos, apaleó a la gente.
18/08/05, Pico Truncado, Santa Cruz. Medio centenar de
desocupados venían reclamando frente a las instalaciones de
Repsol-YPF desde hacía 9 días capacitación y trabajo. La jueza
Ruata de Leone ordenó la represión. Se encarceló a 19
trabajadores desocupados, desatándose una cacería sobre
familiares y manifestantes en diferentes lugares del poblado,
que fueron perseguidos durante casi 6 horas.
25/08/05, Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores desocupados y
organizaciones populares ingresaron a La Rural a presentar un
petitorio. Cuando salían, escucharon al comisario gritar 'Vamos
a trabajar' y de inmediato los efectivos a su cargo realizaron
una pinza, los encerraron, y se descargaron palos, culatazos de
itaka y gases lacrimógenos, en una típica formación de 'puentecito
chino', que se vio por TV. Hubo 20 heridos, entre ellos mujeres,
algunas embarazadas y niños, en ciertos casos con lesiones
graves y 15 detenidos, tres menores de edad, todos imputados por
atentado y resistencia a la autoridad, daño, lesiones y
violación de domicilio.
26/08/05, Ciudad de Buenos Aires. A tres años y tres meses de la
masacre del Puente Pueyrredón, un operativo multifuerza
descomunal cortó el tránsito desde la mañana. Las organizaciones
sociales trasladaron el acto a Plaza de Mayo. El operativo se
desplazó y no permitió el ingreso a la Plaza. Fue el primero de
tres viernes consecutivos en que las fuerzas de seguridad
impidieron el ingreso a la Plaza de Mayo. Las barreras
policiales estaban compuestas por un millar de efectivos, 3
hidrantes, 4 autobombas, 16 carros de asalto, 3 traslados de
detenidos, 1 camioneta patrullera, 9 patrulleros, 5 móviles no
identificables, 3 colectivos, 1 ómnibus, 1 cuatriciclo, 12 motos
del C.P.T., 4 motos de combate (es decir, más de 60 vehículos
confirmados y muchos más probables).
14/09/05, Pacheco, Provincia de Buenos Aires. Un grupo de 15
matones aproximadamente, comandados por los gerentes de la
empresa y la Policía de General Pacheco, atacó violentamente
(con palos, piedras, ladrillos, agua) a 10 trabajadores del
Frigorífico Tango Meat. Cuando los matones se retiraban de la
planta, un móvil de la Comisaría de General Pacheco (camioneta
10222, chapa EMB 229) intentó atropellar a varios trabajadores
que estaban en la vereda.
14/09/05, Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores de FOETRA
intentaron realizar una asamblea en la Avenida de Mayo por un
conflicto sindical. La Policía Federal los desalojó a los golpes.
Un telefónico recibió palazos en la cabeza y una pierna,
debiendo ser internado en el Hospital Ramos Mejía.
14/09/05, Salta, General Mosconi. Trabajadores se habían
concentrado frente a las oficinas de Contreras Hnos. La policía
reprimió con palos, gases y hasta disparos de armas de fuego,
con postas de plomo. Un herido ingresó al Hospital de Tartagal
con diagnóstico de convulsión cerebral, víctima de los palazos.
Hubo ocho detenidos.
01/10/05, Tierra del Fuego. La policía ingresó en la
Subsecretaría de Trabajo de Río Grande arrojando gases
lacrimógenos. Varios dirigentes del SUTEF (Sindicato Unico de
Trabajadores de la Educación Fueguinos) fueron detenidos. Como
consecuencia de la acción represiva, cinco docentes resultaron
heridos.
02/10/05, Ciudad de Buenos Aires. Represión a los trabajadores
motoqueros y cadetes, agrupados en el sindicato SIMECA. Tres
trabajadores fueron detenidos y golpeados por personal de la
Comisaría 2ª. Los tres detenidos terminaron con sus cabezas
suturadas e imputados en una causa penal.
20/10/05, Ciudad de Buenos Aires. Represión a la huelga de los
trabajadores del Subte. 200 miembros de la Policía Federal
ejecutaron la represión. El operativo incluía 8 carros de asalto,
colectivos oficiales y no identificables para traslado de
detenidos, 8 patrulleros de diferentes comisarías, varios
motociclistas, una autobomba.
26/11/05, Río Negro, Bariloche. Grupos de choque de la policía
local, en conjunto con otras fuerzas de seguridad como
Gendarmería, recorrieron las barriadas realizando razzias,
irrumpiendo en las casas, golpeando especialmente a los jóvenes,
revisando a los alumnos a la entrada de las escuelas.
Año 2006
09/01/06 Chaco, Resistencia. Doscientas familias humildes fueron
desalojadas de un plan de viviendas sociales nunca adjudicadas.
La policía reprimió junto a efectivos de Infantería, Caballería
y Comando de Operaciones Especiales. Hubo 40 detenidos y decenas
de heridos, entre mujeres, ancianos, niños y periodistas. Germán
Pomar, fotógrafo del diario Norte, de Resistencia, y colaborador
de TELAM, recibió 12 impactos de perdigones en una pierna.
29/01/06, Neuquén. La Confederación Mapuche Neuquina fue
desalojada del Consejo Deliberante por un dispositivo de
policías con escudos y escopetas impactándolos con balines a
quemarropa y regando gas lacrimógeno en el lugar.
01/02/06, Chascomús, Buenos Aires. Trabajadores de la ex Gándara,
hoy Parmalat, cortaron la Ruta Nacional 2 que conduce a Mar del
Plata. Menos de tres horas después eran violentamente reprimidos
por personal policial bonaerense, con gases y disparos de postas
de goma.
26/05/06, Tucumán. Diferentes organizaciones sociales y de
desocupados se congregaron en la Plaza de la Independencia de la
capital. Fueron atacados por la policía con palos y gases. Una
mujer de 70 años, Rosario Elsa Rodríguez, fue arrojada al suelo,
donde la patearon y apuntaron con armas. Hubo 5 detenidos, entre
ellos una niña, Daniela Díaz, de 13 años.
28/05/06, Mendoza. Sesenta estudiantes secundarios fueron
detenidos frente a la Casa de Gobierno en el marco de una
represión que consistió también en una especie de cacería por
parte de policías de civil. Todos menores de edad, fueron
llevados a la Comisaría del Menor y fueron entregados a sus
padres durante la tarde. Cinco de ellos estaban lesionados.
Criminalización de la protesta y
conflictos sociales
Año 2003
Una de las primeras declaraciones públicas del presidente fue su
compromiso reiterado de no reprimir los conflictos sociales. Sin
embargo, a poco del inicio de su gestión el dirigente Adolfo
“Fito” Molodezky del MTL del Chaco fue condenado por el delito
de daño a un patrullero provincial.
Las marchas, cortes de ruta y puentes pidiendo justicia por los
asesinatos y exigiendo trabajo genuino eran moneda corriente en
ese tiempo. Poniendo a prueba el discurso de que no se
criminalizaría la protesta social, CORREPI, junto a otras 40
organizaciones, presentó un proyecto de ley de amnistía a los
luchadores sociales que fue cajoneado después que el Secretario
de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde anunciara la creación
de una comisión de notables juristas para estudiar el tema y
elevar un proyecto.
Mientras repetía la misma consigna, el gobierno, por medio del
ministro de interior Aníbal Fernández, empezó a advertir que
ellos no reprimirían, pero actuarían con “el Código penal en la
mano”. Al mismo tiempo que se anunció la creación de una
“brigada anti-piquetera”.
Para los primeros días de agosto se reactivaron diversas causas
entre las que se puede destacar una por entorpecimiento del
tránsito en el Polo Petroquímico de Dock Sud de febrero de 2002,
otra contra Rubén Sobrero de la Unión Ferroviaria Seccional
Oeste y una tercera contra el ceramista Raúl Godoy.
El 23 de octubre de 2003 se realizó una manifestación en la
puerta del ministerio de trabajo donde los manifestantes pedían
la revisión de los planes sociales caídos. El piquete se dilató
hasta las 4 de la mañana por la sucesión de reuniones de
funcionarios menores con los referentes sociales. Al día
siguiente el ministro Tomada denunció a los manifestantes de
“privación ilegitima de la libertad”.
Se realizaron marchas multitudinarias contra la criminalización
de la protesta. El gobierno tuvo que retroceder momentáneamente,
y decidió convocar a grupos piqueteros afines a formar parte de
su gabinete, con el objetivo de demostrar a la opinión pública
una política de “entendimiento y pluralismo”. El mismo Aníbal
Fernández desmintió el anuncio de creación de las “brigadas
anti-piqueteras”, que poco después veríamos en acción
denominadas “paleros” (DOUCAD).
A mediados de noviembre se realizaron en la plaza Congreso
varias manifestaciones exigiendo la amnistía de los luchadores
populares procesados, estimados en 4000 compañeros. El Ministro
del Interior intentó desacreditar las manifestaciones alegando
que tenían “contenido ideológico”.
El 25 de noviembre, en Neuquén, se realizó una manifestación
piquetera contra la modificación del sistema de planes sociales
y su pago con tarjeta de debito, la que fue reprimida ferozmente,
dejando como saldo nueve heridos con balas de plomo, de los
cuales siete eran dirigentes reconocidos. El gobierno habló por
boca de Aníbal Fernández “...no vamos a reprimirlos, pero tienen
que desaparecer”. También hizo declaraciones Eduardo Duhalde:
“Ante cierto tipo de delitos, el Estado tiene que poner en
marcha la actitud represiva”. Ese mismo mes la justicia penal
procesó a cuatro asambleístas de Villa Crespo.
El 2 de diciembre, en Mosconi, Salta, hubo una protesta contra
la detención del referente de la UTD, Pepino Fernández. Apenas
la policía concretó la orden judicial, la protesta logró su
liberación luego de una jornada violenta. A la madrugada
detuvieron a 10 miembros de la UTD, acusados de robo, incendio,
amenazas e instigación a cometer delitos. La denuncia fue
presentada por el abogado de la empresa Tecpetrol, Antonio
Restom, quien es el actual representante de la gobernación en
Tartagal. Los detenidos fueron Oscar Ruiz, Rubén Sedan, Carlos
Cabral, Hugo Carabajal, Ramón Maldonado, Antonio Vargas, Víctor
Chananpa, Rubén Gordiola, Omar Salinas y Daniel Valencia.
Año 2004
El Presidente Kirchner inició el año declarando “No vamos a
criminalizar, pero hay que poner límites a la protesta”. Sin
embargo, siguieron reactivándose causas antiguas, como ocurrió
en abril cuando la sala III de la Cámara de Casación retomó una
causa de diciembre de 2001 iniciada cuando nueve maquinistas
hicieron un piquete en las vías del tren durante 40 minutos.
Habían sido detenidos y llevados a juicio, la cámara de
apelaciones de San Martín los sobreseyó, pero casi 2 años y
medio después la Cámara de Casación anuló ese fallo.
En junio el Fiscal de la Plata Marcelo Romero instruyó a la
policía bonaerense para que identificara a los desocupados que
marcharan con la cara tapada o con palos, y que promovieran
denuncias por intimidación pública. Argumentó que en su
jurisdicción no se cometerían “delitos disfrazados de conflicto
social”.
A comienzos de julio el abogado defensor del torturador ex
comisario Etchecolatz hizo una presentación judicial en la que
reprochaba al gobierno, a la policía y a los jueces la
tolerancia en el accionar de los grupos de “encapuchados y
armados con palos” que tiempo atrás habían hecho un escrache en
su casa, culpando al gobierno de “abandono consciente y
deliberado de no cumplir con las tareas de prevención” Los
Fiscales Comparatore y Evers tomaron una serie de medidas que
incluían pedidos al juez Urso para que acumulara “toda la
legislación vigente que obligue a los funcionarios del Poder
Ejecutivo a tomar medidas preventivas de control del orden
público relacionadas con la actividad habitual que desarrollan”
los grupos piqueteros, pidiendo aparte datos sobre “cuáles son
los grupos denominados ‘piqueteros’ que habitualmente realizan
actividades en la ciudad de Buenos Aires, detallando su
denominación, si se encuentran organizados mediante un estatuto,
cuáles son sus responsables y si reciben algún tipo de subsidio
social por parte del gobierno nacional”.
El gobierno mandó a sus “empleados” a preparar el terreno. En un
reportaje el funcionario ex piquetero D’Elía dijo: “Rechazamos
los métodos violentos y la obstaculización del tránsito y el
corte de ruta como forma sistemática de impulsar los justos
reclamos populares.”
El 9 de julio el presidente iba a participar de un acto en
Tucumán junto al gobernador Alperovich. Cerca del palco había
grupos piqueteros opositores a Kirchner a los que la
organización oficialista Barrios de Pie apedreó y apaleó. El
acto fue suspendido.
El 16 de julio, frente a la Legislatura porteña donde se votaba
la reforma al código contravencional, se realizó una protesta
que fue fuertemente reprimida. Dos integrantes de Ammar Capital
y 13 vendedores ambulantes fueron presos, acusados de graves
delitos. Fueron excarcelados el 8 de septiembre de 2005.
Procesados como autores de los delitos de coacción agravada,
privación ilegítima de la libertad y daños, en octubre de 2006
se celebrará el juicio contra Marcela Sanagua, Margarita Meira,
María del Carmen Infrán, Antonio Medina, Eduardo Ruiz, Jorge
Nieva, Eduardo Suriano, Fabián Scaramella, Carlos Santamaría,
Horacio Ojeda, Jesús Calderón, Adolfo Sánchez, Pablo Amitrano,
Héctor Gómez y César Gerez.
El 4 de agosto se realizó una multitudinaria marcha para pedir
por la libertad de los 15 detenidos por los hechos de la
legislatura. El gobierno dispuso 1500 efectivos para vigilar de
cerca la manifestación.
El 25 de Agosto detuvieron a Raúl Castells acusándolo de
extorsionar al Casino de Resistencia, Chaco.
El 31 de agosto, en el marco de la visita del titular del FMI
Rodrigo Rato, varias organizaciones realizaron un escrache
frente al ministerio de economía. El accionar policial desató
una brutal represión dejando un saldo de 102 personas apresadas.
Noventa y cuatro de ellos fueron liberados esa misma noche sin
imputación alguna, demostrando lo arbitrario de la detención.
Los ocho detenidos fueron procesados por graves delitos y
trasladados a los penales de Ezeiza y Marcos Paz. Todos eran
militantes de la CTD Anibal Verón, el MTR CUBa y la FTC Nacional.
El juez usó como elemento de prueba informes de “inteligencia”
aportados por la policía federal. El 3 de septiembre se reactivó
una vieja causa contra Gustavo Franquet por un corte de ruta del
año 2003, por “interrupción de transito” y Fernando Esteche fue
imputado por la manifestación de Rato por “incitación a la
violencia organizada”. El 2 de diciembre de 2004 los detenidos
recuperaron su libertad pero continúan procesados.
El 4 de octubre trabajadores desocupados volvieron a cortar la
ruta 3 y a ocupar las instalaciones de Termap en Caleta Olivia,
Santa Cruz, pidiendo trabajo genuino. La justicia ordenó a
gendarmería reprimir, dejando un saldo de 36 detenidos que
denunciaron torturas. Treinta de ellos recuperaron su libertad
relativamente rápido. Marcela Constancio, Elsa Orozco, Selva
Sánchez, Jorge Mansilla, Mauricio Perancho y Hugo Iglesias
permanecieron detenidos varios meses por los cargos de
usurpación, resistencia a la autoridad y entorpecimiento de la
explotación económica.
El 8 de octubre la justicia de Bahía Blanca reactivó un proceso
contra 52 manifestantes que en 2002 bloquearon la entrada de una
petrolera pidiendo trabajo genuino.
El viernes 15 de octubre detuvieron a cinco integrantes del
SIMECA (Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes) en el
marco de un reclamo gremial, imputándoles amenazas coactivas y
violación de domicilio.
Año 2005
Ante una protesta piquetera realizada en mayo frente a la sede
central de Repsol YPF donde se pedía la rebaja del valor de la
garrafa y se encendieron gomas en la puerta del edificio, el
Fiscal Stornelli y el Juez Galeano pidieron a la Policía Federal
que llevara a cabo tareas de inteligencia sobre grupos
piqueteros y ordenaron la captura de tres integrantes del MTR
solicitando investigar la inacción de los policías.
El 20 de julio fue reprimida una manifestación en Cañadón Seco,
Santa Cruz, donde más de 200 trabajadores reclamaban puestos de
trabajo en la planta Deshidratadora de Petróleo, perteneciente a
Repsol YPF. Fueron violentamente desalojados, dejando 60
detenidos. Todavía permanece preso Cristian Ruiz.
El 25 de agosto, un total de 16 piqueteros resultaron detenidos,
acusados de 'daños, lesiones, violación de domicilio y
resistencia a la autoridad', durante una protesta que realizaban
frente a la Sociedad Rural en reclamo de 'trabajo y salarios'.
De esta protesta participaron integrantes del Frente Unido de
Trabajadores Ocupados y Desocupados (FUTRADEyO), de la unión de
changarines, trabajadores y desocupados UTDOCH, del Movimiento
26 de junio, del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD)
Quilmes y de los grupos La Llama y El Mortero del gremio de
Comercio.
El 1 de noviembre se produjo una pueblada en la estación de
trenes de Haedo de la línea Sarmiento, originada en las
inhumanas condiciones del servicio de TBA, que venían siendo
motivo de protesta en reiteradas ocasiones. La represión
policial dejó cientos de detenidos de los cuales 84 fueron
imputados del delito de incendio intencional y robo a mano
armada, dictándose la prisión preventiva a siete personas de
entre 19 y 30 años. Luego de varios meses presos, fueron
excarcelados todos, menos Roberto Cantero.
En los primeros días de noviembre detuvieron a tres hombres y
una mujer, todos ellos integrantes del Movimiento Campesino de
Santiago del Estero (MOCASE), mientras que otras once órdenes de
captura habían sido libradas por el juez Oscar Juárez.
El 4 de noviembre, en el marco de la Cumbre de las Américas,
distintas organizaciones sociales y políticas se manifestaron
contra la presencia del genocida presidente norteamericano
George W. Bush en nuestro país. El gobierno pro-imperialista de
Kirchner desató una feroz persecución a los manifestantes
dejando una decena de detenidos en la ciudad de Buenos Aires y
casi un centenar en Mar del Plata. Todos fueron liberados en las
horas siguientes, y los de la ciudad de Buenos Aires siguen
procesados. El 14 de diciembre, en la causa de Mar del Plata,
fue detenido el dirigente del MTR-CUBa Ricardo “Chacho” Berrozpe,
acusado de incitación a la violencia colectiva y participación
en la fabricación de artefactos explosivos peligrosos para la
seguridad común. Luego de siete meses con prisión domiciliaria,
el 10 de julio recuperó la libertad al ser excarcelado por la
Cámara Nacional de Casación Penal, que tuvo que admitir que para
detenerlo el juez federal de Mar del Plata Alejandro Castellanos
fraguó una falsa situación de profugación.
Año 2006
El 6 de febrero, en la ciudad de Las Heras (Santa Cruz), tras el
reclamo de trabajadores petroleros por el encuadramiento
sindical, aumento de salarios y reducción del impuesto a las
ganancias a los trabajadores, fue detenido el referente del
sindicato mientras estaba en una estación de radio local. La
comunidad reaccionó con una pueblada frente a la comisaría, que
logró la libertad del dirigente detenido. A raíz de la muerte de
un policía durante la protesta, comenzó una cacería ordenada por
la jueza kirchnerista Ruata de Leone al personal de gendarmería.
Más de veinte detenidos en ilegales y violentos allanamientos
denunciaron haber sido torturados, entre ellos un menor de 14
años. En la actualidad ocho trabajadores continúan presos y la
ciudad de Las Heras sigue militarizada.
A mediados de marzo, en la localidad de San Vicente, Misiones,
tres mil pequeños productores agropecuarios reclamaban el pago
atrasado de un subsidio. Como consecuencia de la pueblada se
dispuso la detención de cinco de los manifestantes acusados de
coacción agravada.
Estos son algunos de los casos de los miles de luchadores
populares presos y procesados que ha tenido el gobierno de
Kirchner, superando el record de presos políticos de todos los
gobiernos “democráticos” desde 1983, además del agravamiento en
las calificaciones a la hora de los procesamientos.
Las Heras, espejo de la política de
derechos humanos del régimen kirchnerista
Cuarenta y dos trabajadores de la empresa INDUS fueron
despedidos por ejercer el derecho de huelga. Las medidas de
lucha llevadas adelante concluyeron con la detención de un
referente sindical, lo que levantó la pueblada que fue a
reclamar su libertad a la comisaría. Allí fueron recibidos con
un operativo policial que inició la represión generando un
enfrentamiento en el que resultó muerto el policía Sayago. El
fundamento de la UOCRA para dejarlos aislados fue “haber
participado en la rebelión”.
El 24 de febrero de este año, con el aporte de servicios de
inteligencia, la policía santacruceña y la gendarmería nacional,
hubo un nuevo paso de los gobiernos provincial y nacional en la
persecución contra el pueblo y sus sectores en lucha. El mega
operativo desplegó centenares de fuerzas represivas, se
allanaron casas, golpeando y torturando vecinos y trabajadores.
En pocos días se detuvo a más de 20 personas acusadas de haber
participado en la pueblada de la noche del 6 de febrero.
Apoyado en la campaña cómplice de los medios de comunicación,
cuyo estandarte fue el periodista Van Der Koy del grupo Clarín
clamando por escarmiento, el gobierno kirchnerista, siempre
defendiendo los intereses empresarios, impulsó una parodia de
“investigación judicial” cuyo único fin es condenar la lucha
obrera y popular. Paradójicamente, esto ocurrió a días de la
escandalosa reforma del consejo de la magistratura que puso en
evidencia ante toda la sociedad el sometimiento del poder
judicial al poder político de turno. Las medidas dispuestas por
la jueza Graciela Ruata de Leone carecen de toda credibilidad y
responden a la orden feudal del gobierno de Kirchner que
requiere culpables para disciplinar a los trabajadores y al
pueblo. La justicia santacruceña, que en nada se diferencia de
las tan cuestionadas santiagueña, riojana o salteña, supervisó
personalmente a través de la mencionada jueza los operativos,
dirigidos por el jefe de la policía provincial, a la vez
representante de la SIDE en la provincia presidencial. Es la
misma jueza que ordenó la represión en noviembre de 2004, y
toleró las torturas a las que fueron sometidos los detenidos en
la comisaría de Las Heras, cuyo saldo más dramático fue la
pérdida del embarazo de la trabajadora Karina Sauco.
El gobierno nacional, además de responder a las demandas
populares con el envío de las tropas de Gendarmería, destacó a
operadores políticos que reportan directamente a Aníbal
Fernández y Néstor Kirchner como Héctor Masquelet (responsable
del Consejo de Seguridad Interior), al secretario de Seguridad
Luis Tibiletti y a su segundo, Ricardo Colombo.
En su momento junto a un conjunto de organizaciones a través del
comité de apoyo, dijimos que en el marco de “esta campaña de
persecución, la militarización con 300 gendarmes, brigada de
investigaciones y policía de distinto tipo, que actúan bajo la
supervisión política del gobierno de Acevedo y Kirchner, han
dado un salto en la represión, encarcelando a gente del pueblo”.
Fueron parte de la metodología represiva las detenciones
ilegales, torturas, allanamientos ilegales, rechazos a
presentaciones judiciales, ilegalidad en la investigación, etc.
Pese al silencio de los medios de comunicación, se supo de todas
maneras que para detener a Darío Catrihuala levantaron primero a
su padre, a su cuñado y a su hermano, es decir, a todos los
hombres de la familia. En especial su hermano sufrió una
descomunal paliza. Se supo que otro de los detenidos, Ramón
Cortés, había denunciado días antes ante la propia jueza Ruata
haber sido secuestrado y torturado para que 'cantara' quiénes
participaron de la pueblada del 7 de febrero. Al niño de 14 años,
detenido aunque fuera inimputable, lo tuvieron que liberar
después que los vecinos, acompañando a la familia, hicieran
varias marchas e irrumpieran en el consejo deliberante local.
Hasta la viuda del policía Sayago, que por otra parte expresa
los reclamos habituales de la familia policial, admitió que hubo
'abusos' de parte de la policía al proceder a las detenciones.
Los presos fueron distribuidos en lugares alejados, impidiendo
todo contacto con sus compañeros, familiares, o abogados. A
pesar del secreto absoluto en que se manejó semejante 'recta
administración de justicia', se supo en su momento de la
imputación de 'homicidio calificado', en concurso con otros
graves delitos, como lo común a todos los detenidos. Esa
calificación masificada habla por sí misma de la
discrecionalidad con que actuó la jueza que en su juventud
compartiera el aula con la senadora Cristina Fernández de
Kirchner. Como denunciaron familiares de los detenidos,
trabajadores y ciudadanos: Las Heras militarizada, teléfonos
celulares sin señal y cortado el servicio de Internet.
La Corte Suprema de la Nación rechazó el Habeas Corpus que
varias organizaciones, entre ellas CORREPI, presentaron en
beneficio de las personas arbitrariamente detenidas en Las Heras
por la jueza Graciela Ruata de Leone. Se insistió con una nueva
presentación, exigiendo poner fin a la 'gravísima situación de
indefensión en que se encuentran tanto las personas detenidas
como el conjunto de la población de Las Heras, dado que la jueza
(...) está actuando al margen de toda legalidad, transgrediendo
todas las garantías procesales imaginables, y manteniendo
privadas de su libertad con afectación de su integridad física a
veinte personas, además de haber generado en la zona una
situación de verdadera suspensión de facto de todas las
garantías y derechos constitucionales'.
El escrito, firmado por representantes de CORREPI (Coordinadora
Contra la Represión Policial e Institucional); APEL (Asociación
Profesionales en Lucha); CEPRODH (Centro de Profesionales por
los DDHH), LIBERPUEBLO, LADH (Liga Argentina por los Derechos
del Hombre) y MTL (Movimiento Territorial Liberación), denunció
que las personas detenidas, arbitrariamente seleccionadas entre
el casi millar de manifestantes que la noche del 6 al 7 de
febrero pasado reclamaron la liberación de un referente sindical
detenido en la alcaidía policial de Las Heras, estaban siendo
indagadas con una descripción de los hechos genérica e
imprecisa, sin indicar la conducta específica que se imputaba a
cada una. Textualmente, se reprochaba a cada compareciente que 'habría
estado presente en el lugar', lo que impide materialmente
ejercer el derecho de defensa en juicio.
Hubo personas citadas en carácter de 'testigos' a los que luego
ubicaron en una ronda de reconocimiento, para que alguien los
señale y los incrimine. Hubo detenciones producidas por una
comisión policial de operaciones especiales, irrumpiendo
violentamente en una asamblea que estaban llevando a cabo los
trabajadores de la petrolera Indus. El operativo fue encabezado
por el titular de la Cría. 1ª, sin exhibir ninguna orden de
detención, como tampoco su identificación.
Tan manifiesta es la ilegalidad de la investigación, y tan
comprobadas las denuncias de torturas, que hasta el presidente
Kirchner tuvo que admitirlas como verdaderas, aunque como los
militares en su momento, haya calificado lo actuado por su jueza,
su policía y su gendarmería de 'excesos', y respecto de las
ilegales detenciones de los represaliados de Las Heras sólo se
habló de 'abusos'. El propio K, que mandó a Hebe de Bonafini
como emisaria para mediar entre las petroleras y el gobierno
santacruceño por un lado y el pueblo por el otro, recogió el
guante de los llamados 'excesos', y la jueza, a partir de allí,
dándole la razón, procesó a 12 policías por haber 'apremiado
ilegalmente' durante las detenciones de los trabajadores
patagónicos. Otra vez la utilización de una figura penal que
encubre la tortura y garantiza penas menores, excarcelables,
evitando aplicar el tipo de tormento, que implica coacción
institucional, es decir aplicar suplicios con el fin de que los
torturados 'canten', es decir, se auto incriminen o acusen a
otros.
Sobre el elemental principio del 'fruto del árbol envenenado' la
causa contra los trabajadores deviene totalmente nula, ya que es
evidente, por el propio procesamiento de los policías, que
obtuvieron pruebas supuestamente incriminatorias a través de la
tortura, y la que estaba al frente del proceso era la magistrada,
empleada del poder kirchnerista.
Esos procesamientos se inscriben en el intento de disimular ese
carácter, porque aun disfrazada de 'apremios' tuvieron que
admitir que la tortura fue el método usado para implementar el
terror frente a la rebelión popular. El 9 de junio, la Cámara de
Apelaciones de Caleta Olivia, con voto del juez Miguel Angel
Meyer, liberó a dos detenidos y rectificó el procesamiento con
prisión preventiva a los otros seis imputados; Darío Catrihuala,
Alexis Pérez, Ramón Cortez, Juan Pablo Bilbao, Juan Domingo
Bilbao y José Enrique Rosales.
Un montaje sobre una investigación ilegal, que no hace más que
mostrar una vez más que el presidente Kirchner se propone
responder con represión a los levantamientos populares que son
resultado de este sistema de hambre y represión. |
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