Fuente Red Eco

Impunidad sin fin: la verdadera política de derechos humanos de K

Mientras que el presidente Néstor Kirchner exige mayor celeridad en los juicios a los represores, los familiares de desaparecidos luchan por desbancar al juez de la mayor causa de terrorismo de Estado de Santa Fé porque es hijo de un funcionario de la dictadura.

María Marinas (Red Eco) Santa Fé- Familiares de desaparecidos presentaron ayer jueves, ante el Tribunal Federal Nº 4 de Rosario, un pedido de recusación por falta de imparcialidad del juez Germán Sutter Schneider, hijo de un Ministro de la última dictadura militar y posible implicado en la causa.
El Juez Schneider fue designado como subrogante por el Consejo de la Magistratura en septiembre de 2005.
En la causa “Feced, Agustín y otros, sobre homicidio, violación y tortura, expediente Nº 47.913 y sus acumulados” se investiga a los responsables del terrorismo de Estado en el II Cuerpo del Ejército. Agustín Feced, fue ex comandante mayor de Gendarmería, interventor de la policía rosarina entre abril de 1976 y mayo de 1978 y está imputado de 270 delitos de lesa humanidad.
Feced fue, además, un cuadro surgido e impulsado desde la instalación de la Doctrina de Seguridad Nacional y un protegido de los principales empresarios de la región. Los 49 cuerpos que componen la causa federal 47.913, la llamada “causa Feced”, contienen listas de detenidos y desaparecidos entre los años 1976 y 1979.
Eduardo Sutter Schneider estuvo al frente del Ministerio de Gobierno desde febrero hasta diciembre de 1983, como tal fue el superior responsable de la policía de la provincia de Santa Fé y dispuso la infraestructura, la logística y el personal para la represión.
Si este funcionario de la dictadura no está imputado es “por esa prolongación de la dormidera judicial en la que se han sumido los señores jueces sin salir del sopor de las anuladas leyes de impunidad”, asegura el escrito presentado por la querella.
Por otra parte, como responsable de la cartera de Educación, desde mayo de 1981 a febrero de 1982, el represor “cumplió con las órdenes supresoras de la libertad de enseñar y aprender, a fuerza de tildar de ‘delincuente terrorista' a todos aquellos que no se atuvieran a las reglas dictatoriales, que respondían(...) al principio de sancionar el ‘exceso de pensamiento' que, según este ministro, había traído estas desviaciones”, señala el documento.
La recusación se sustenta en el artículo 18 de la Constitución Nacional y diversos tratados (el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros) que “consagran la garantía de ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial”. El escrito afirma que no se puede superar el vínculo afectivo con un miembro jerárquico de la última dictadura. Así es que “si nos rechazan el pedido, apelaremos a la Corte Suprema de Justicia”, aseguró a Red Eco Alicia Bernal, hija del militante desaparecido Rubén Fernando Messiez. (volver)