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ARGENTINA
11 - 10 - 07
El sacerdote condenado a cadena perpetua en Argentina no
recibe sanción de la Iglesia
“Esta lucha es una
lucha por la República Argentina, por su integridad, pero
también por sus altares (...).
Por ello, pido la protección divina en esta guerra sucia en
la que estamos empeñados.”
Victorio
Bonamín, vicario castrense, octubre de 1976
"Yo sé muy bien lo que hice, por qué lo hice y con quiénes lo
hice."
Capellán policial Christian Von Wernich
Por Juan Ignacio Irigaray
Fuente El Mundo
La Iglesia católica de Argentina negó ayer
cualquier responsabilidad institucional en el caso del cura
represor Christian von Wernich, que el martes fue condenado a
cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la
dictadura militar (1976-1983).
Por parte del Episcopado sólo hubo un comunicado de 20 líneas,
donde se sostuvo que si el cura «avaló con su recomendación o
complicidad alguno de esos hechos de represión violenta, lo hizo
bajo su responsabilidad personal». En cambio el presidente,
Néstor Kirchner, calificó la condena de «ejemplar» y celebró la
sentencia. «Pronto a terminar mi gestión, me siento bien de que
hayamos avanzado tanto, de buscar la reconciliación con memoria,
con Justicia», declaró.
Los argentinos no han advertido ninguna frase de contrición en
el mensaje de la Iglesia, firmado por el cardenal primado de
Buenos Aires, Jorge Bergoglio, un jesuita papable que en el
Vaticano compitió con Benedicto XVI en la carrera a la sucesión
de Juan Pablo II.
Sin mencionar ni una vez a Von Wernich por su nombre, la
jerarquía religiosa admitió que «está conmovida por el dolor que
causa la participación de un sacerdote en delitos gravísimos» e
insistió con su llamamiento a la «reconciliación entre los
argentinos, alejados de la impunidad, el odio, el rencor».
Las sanciones internas en la Iglesia tampoco llegaron para el
pastor descarriado. Hasta anoche, Von Wernich, de 69 años, podía
ejercer el ministerio sacerdotal y administrar sacramentos, o
sea confesar, celebrar misa y dar la comunión en la cárcel de la
localidad bonaerense Marcos Paz.
Muchos argentinos aguardaban que el obispo Martin Elizalde,
titular de la diócesis de la ciudad bonaerense 9 de Julio y
superior inmediato de Von Wernich, le aplicara algún castigo.
Pero el prelado sólo emitió un comunicado para aclarar: «Rezamos
por él para que Dios lo asista».
 Así
que de las posibles sanciones todavía no hay nada de nada. «Oportunamente
se habrá de resolver, conforme a las disposiciones del Derecho
Canónico, la situación de Christian von Wernich», escribió el
monseñor, pese a que entre los obispos daban por descontado una
suspensión de por vida al cura.
En la audiencia final de un juicio histórico, los jueces
consideraron probado que el cura fue coautor y partícipe
necesario, según los casos, del homicidio de siete presos
políticos, de 42 secuestros y de 31 torturas. Durante la
dictadura, Von Wernich ocupó el cargo de capellán de la policía
bonaerense que comandaba el general Ramón Camps -apodado El
carnicero de Buenos Aires-.
Reclusión
perpetua para el capellán Von Wenich
Tres meses duró el juicio oral, y en el
exterior del recinto en la capital bonaerense, cientos de
personas aguardaban expectantes el fallo. El capellán castrense
Christian Von Wernich mantenía su rostro impávido, como ocurrió
cuando tuvo que escuchar los dramáticos testimonios de víctimas
de la represión que lo responsabilizaban por su presencia
durante torturas, y sus intervenciones en procura de que los
detenidos
 “hablaran”
a cambio de que cesaran los martirios.
La defensa pidió su absolución, alegando
que el sacerdote había cumplido su "misión pastoral". La
querella, la fiscalía y las organizaciones de derechos humanos
habían reclamado la máxima condena. Finalmente, el Tribunal Oral
Federal Número 1 de La Plata, falló reclusión perpetua para Von
Wernich por su participación en los hechos represivos ocurridos
entre 1976 y 1983 durante la dictadura argentina. Se le asigna
responsabilidad en al menos siete homicidios y se le considera
partícipe necesario en 42 privaciones ilegítimas de libertad
agravada y el delito de torturas en 32 casos. Madres de
desaparecidos, familiares y amigos de víctimas de la represión
no podían contener las lágrimas por la emoción del momento.
El sacerdote que durante la dictadura fue
compinche activo de los torturadores, se había escondido en
Chile en 1996, donde seguía dando misa en un pueblo de
Valparaíso con el nombre de Christian González. De allí lo
trajeron en el 2003 para que hiciera frente a los cargos que se
habían acumulado en su contra.
El proceso judicial derivó en este juicio
oral que determinó la responsabilidad de Von Wernich en
gravísimos delitos contra decenas de personas que habían sido
previamente secuestradas y “desaparecidas” por las fuerzas
represivas.
También se aportaron testimonios del
perverso “peaje” que impuso a algunos familiares que acudieron a
él para saber de sus esposos, hijos o hermanos desaparecidos. El
capellán policial solicitaba sumas de dinero para costear
supuestos viajes al exterior de los “retenidos”, como calificaba
él a los desaparecidos, admitiendo tácitamente su condición de
secuestrados.
Algunos medios destacaron que éste era el
primer miembro de la Iglesia que resulta condenado por su
complicidad con la represión. Es cierto. Por eso es importante
recordar que es el primero pero no el único ni el de más alta
jerarquía.
El comunicado emitido por el Episcopado,
despacha el tema en 20 líneas el gravísimo caso, y con la
particular habilidad que tienen las jerarquías eclesiales en
estas ocasiones, combina ambigüedad con frases por la
reconciliación, dejando la sensación de que Von Wernich es algo
ajeno a la Iglesia y que ellos siempre están “por el bien”. De
hecho, ni siquiera mencionan por su nombre al capellán policial.
¿ Habrán sido también ajenos a la “movilidad geográfica” que
llevó a Von Wernich a ejercer de capellán en el pueblo chileno
de El Quisco cuando intentó eludir a la justicia ?
Algo similar sucedió con su inmediato
superior, el Obispo de Nueve de Julio, quien al parecer no ha
tomado todavía ninguna decisión sobre Von Wernich.
"Oportunamente se habrá de resolver,
conforme a las disposiciones del Derecho Canónico, acerca de la
situación" dice refiriéndose al sacerdote condenado. Será
interesante conocer cuándo se producirá y cuál será la
resolución sobre “la oveja descarriada” .
Muchos
creyentes siguen esperando una actitud de profunda revisión de
la cúpula de la Iglesia Católica Argentina. Uno de los miembros
del Tribunal Oral Federal de La Plata, Norberto Lorenzo calificó
la sentencia como “un precedente importante” porque por vez
primera se juzgó a un integrante de la Iglesia Católica. Y a
continuación añadía que a nivel personal consideraba que “la
Iglesia necesita hacer una autocrítica, en serio, profunda,
realista, frente a la sociedad sobre como actuaron durante la
dictadura.”.
El analista
Washington Uranga, en una nota publicada en el diario argentino
“Página 12”, afirma que la condena impuesta a Von Wernich “no
puede leerse apenas como una sanción de la sociedad contra un
ministro religioso, pretendiendo que el ex capellán de la
Policía Bonaerense actuó en forma totalmente aislada y con
desconocimiento de sus superiores eclesiásticos”; añadiendo que:
“tampoco sería justo englobar en la sentencia a toda la
institución eclesiástica, en cuyo seno también se cobijan
algunas de las víctimas del cura represor, de los policías y
militares”. Más adelante, en esa misma crónica expresa el
periodista: “ Lejos de cumplir la misión
religiosa que le fue encomendada como capellán, Von Wernich
actuó como parte integral de las fuerzas de represión comandadas
por el general Ramón Camps. La condena del sacerdote Von Wernich
por genocidio constituye probablemente la más grave mancha de
Iglesia Católica argentina en toda su historia. Pero de poco
servirá si los responsables eclesiásticos no ven esto como una
enseñanza dirigida a la institución.”
Por último, apuntemos que el sociólogo
Fortunato Mallimacci citado por la agencia Ecupress, se refirió
al alegato final del acusado en estos términos: “El sacerdote
Von Wernich al final habló. La Iglesia católica al final habló.
Confiado, seguro, soberbio, altanero, miró al tribunal, miró a
la cámara y pidió diez minutos. Miró también fijo al crucifijo
que presidía la sala (¿hasta cuándo será un salón sacro un
tribunal de Justicia?) y habló, explícito, en su condición de
sacerdote católico”. Más adelante, “No era alguien que se
preguntaba sobre su pasado o que ponía en duda su accionar. Por
el contrario, seguro de sí mismo, reafirmaba con voz potente y
manos que lo acompañaban, que había hecho lo que tenía que hacer.
Dios y la Iglesia se lo habían pedido y ordenado. El cumplía”.
“Y para que no quedaran dudas de que hablaba un sacerdote, la
Iglesia Católica por su intermedio, utilizó todos los símbolos
católicos disponibles. Jesús, Cristo, la Biblia, Dios, María, el
Demonio, el pecado, la confesión, los sacramentos y los 2000
años de historia de la Iglesia de la cual él forma parte, nos
dijo, nos recordó y nos amenazó, lo estaban en ese momento
acompañando”.
En la sala del juicio oral, se escucharon
las hipócritas palabras de Von Wernich. Pero también se
escucharon los valientes y conmovedores testimonios de quienes
fueron víctimas del terror implementado por los organismos
represivos y sus colaboradores civiles. Y también las palabras
del sacerdote Rubén Capitanio, que fue testigo en este juicio,
cuando afirmó : "La Iglesia no mató, pero no salvó. Debimos
estar al lado de los crucificados y no tan cerca de los
crucificadores". Pero la frase se queda corta. Nuestra memoria
siempre recordará que algunos no solo estuvieron cerca,
estuvieron juntos, ocultaron, mintieron, negaron, toleraron.
Fueron cómplices en su intento de absolver con su presencia y su
palabra a quienes secuestraron, torturaron y asesinaron.
La condena de Von Wernich es un paso
importante, trascendente. Pero queda mucho camino por delante. Y
hay que recorrerlo.
Carlos Iaquinandi Castro, SERPAL.
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3 - 9 - 07
A un año de la
desaparición de Julio López
banalización del Nunca Más
en la democracia kirchnerista
 Entre
actos electorales, más o menos fraudulentos, y toda clase de
discursos, museos y programas televisivos sobre las víctimas de la
dictadura militar, la desaparición de Julio pareciera que cruza un
límite imaginario pero no menos consistente (el del año de ausencia
forzada): Julio López es ya el desaparecido 30.001.
O el primero en la etapa de las democracias
restringidas, las "democraduras" de las que hablaba Galeano en los
`80, en polémica con el discursos "progre" del supuesto "transito a
la democracia" en que nos encontraríamos.
En su momento, con la pluma del "héroe moral"
argentino Ernesto Sábato, redactor de su famoso prólogo, el Nunca
Más se instaló como una divisoria de aguas imbatible: hubo desaparecidos, torturas y niños robados,
ya no los hay.
No importarían los torturados en sede
policial, ni siquiera las víctimas del gatillo fácil, ni los
ejecutados en medio de movilizaciones sociales, ni los nuevos presos
políticos.
Para los medios, buena parte de la sociedad
y un sector de los organismos de derechos humanos se trataba de
excesos o hechos excepcionales que no cuestionaban el Nunca Más
transformado en icono de los nuevos tiempos democráticos.
Si uno acercara el foco al periodo histórico
en análisis vería un movimiento ondulatorio: la ilusión en la
fortaleza del Nunca Más se acrecienta con el triunfo de los
políticos progresistas, léase Alfonsín, De La Rúa y Kirchner, tanto
como se debilita al final de sus mandatos pero nunca la ilusión en
la vigencia de los derechos humanos y la vuelta de página de la "historia
de violencia" había sido tan grande como en el actual gobierno que
fogoneó y/o se aupó en la anulación de las leyes de impunidad, el
cambio de la Corte Suprema, el desalojo de la Marina de la Esma
[3] , la reapertura –cierto que modesta- de los juicios contra
los genocidas y un cierto reconocimiento público hacia las víctimas
del terrorismo de Estado.
Por eso el secuestro de López golpeó tan
fuerte y amplió la brecha que separa a los militantes de derechos
humanos, aún dentro de las mismas organizaciones, entre quienes
asumen que el secuestro de López, tanto como luego fue el asesinato
de Fuentealba
[4] , revelan la persistencia de un aparato represivo que actúa
en los dos bordes de la institucionalidad, protegido por los núcleos
duros del Poder y amparado en una cultura represiva y macartista,
hoy "antiterrorista", que les genera un amplio espacio de acción,
todo lo cual pone en cuestión el Nunca Más y quienes se
aferran patéticamente a la identificación entre dictadura y
violación de derechos humanos (tal como hacen entre menemismo y
neoliberalismo) para fingir que López y Fuentealba son hechos "excepcionales"
producto de grupos minoritarios o gobernadores de tierras lejanas.
Si el NuncaMás de Sábato y Alfonsín
pretendía trazar una línea divisoria, lo hacía a partir de una
operación ideológica previa: la mutilación del concepto de derechos
humanos de su perspectiva económica/social/cultural; es decir, desde
un reducccionismo netamente liberal que sólo acepta como derechos a
los individuales.
Para el treinta aniversario del Golpe de
Estado de 1976, el gobierno de Kirchner reeditó el Nunca Más
en una versión actualizada (que incorpora todas las denuncias
efectuadas desde setiembre de 1984 a la fecha, unos 1500 legajos
nuevos) que cuenta con un prólogo propio redactado por el Secretario
de Derechos Humanos, el Dr. Eduardo Luis Duhalde, quién amén de
criticar la teoría de los "dos demonios
[5] " implícita en el primer prólogo de Sábato, realiza su
propia operación ideológica.
En este caso la operación consiste en trazar
una raya entre el pasado y el presente creyendo (?) que las palabras
y los gestos espantarían los espectros del Terror. Pero éstos han
resistido todos los conjuros y rogativas y siguen aquí, están entre
nosotros tanto como los represores impunes
[6] , los policías golpeadores, la Ley Antiterrorista
[7] , los jueces que avalan la tortura y la estrategia de los
genocidas de morir sin condena alargando al infinito los tiempos de
la Justicia.
Y si todo esto es así deberíamos recordar
aquella advertencia Sandinista de los '80: "quien quiera
democracia en América Latina, debe luchar contra la dependencia y el
imperialismo", que hoy se podría traducir como que es
incompatible el pago de la deuda externa y las superganancias de las
trasnacionales con el discurso pseudo setentista de Néstor y
Cristina.
Y todavía deberíamos decir algo sobre la
banalización del Nunca Más y la izquierda. ¿De qué modo
afecta a nuestro discurso la desaparición de López?. Porque nos
afecta, aunque algunos crean que todo puede seguir igual.
A modo de apuntes para un debate en forma (que
no pretendo hacer en estas líneas) aporto las siguientes ideas:
a)
las democracias representativas no
garantizan el Nunca Más ni son democracias verdaderas;
b)
al interior del bloque de poder
existen diversos proyectos y estrategias, una de las cuales sueña
con el retorno a las dictaduras y el Terror explícito, más allá de
las bondades del sistema de dominación vigente desde el ´83
[8] , contra ellos corresponde sumar
todas las fuerzas posibles;
c)
la lucha política no puede privarse
de la disputa electoral, en tanto es hoy el escenario impuesto por
el Poder y aceptado por la sociedad, pero no puede limitarse a él,
sin construcción de Poder Popular concebido como autonomía (distancia
del Poder, capacidad de auto organización y de confrontación,
combate a la cultura represora y dominante) la democracia seguirá
siendo una ficción, pero una ficción que será visualizada como real
por lo más y
d)
la lucha por los derechos humanos
para ser tal deberá ser por el Juicio y Castigo y la memoria
histórica tanto como contra las violaciones cotidianas y sobre todo
deberá dejar de ser patrimonio de especialistas, personalidades u
organismos especializados y deberá ser patrimonio del conjunto del
movimiento popular, tal como ahora debiera ser la lucha por la
aparición con vida de Julio López.
José Ernesto
Schulman es
Secretario
Nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre
www.liga.org.ar
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ARGENTINA
16 - 9 - 07
Una
cedula judicial intima a desalojar la sede del hotel BAUEN Cooperativa de
Trabajo para que tome posesion del inmueble la empresa fantasma Mercoteles SA.
 
VIDEO
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CHILE
9 - 9 - 07
Juicio relámpago el día del paro obrero:
Condenaron al dirigente Mapuche Héctor
Llaitul
Lucía Sepúlveda Ruiz
/
Rebelión
Imagen Red Eco
 El 29 de
Agosto, en el Juzgado de Garantía de Concepción (ubicado en el ex Regimiento
Chacabuco), mientras en la zona y el país se desarrollaba el paro nacional
convocado por la CUT, en un brevísimo juicio oral fue declarado culpable el
dirigente de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco, Héctor
Llaitul Carrillanca, mapuche/huilliche. La sentencia se dará a conocer el
próximo lunes 3 de septiembre. Al momento de su detención en esa ciudad el 22 de
febrero de este año, Llaitul, actual vocero público de esa organización, portaba
una pistola Taurus inscrita a su nombre. El fiscal del ministerio público, Jorge
Lorca, solicita una condena de cinco años y un día, por porte de arma sin el
permiso correspondiente, pena considerada racista y discriminatoria por la
defensa. El citado delito se castiga con penas de carácter remitido, es decir,
libertad condicional con firmas periódicas.
Familiares y amigos
del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, comunero mapuche y licenciado en
trabajo social (Universidad de Concepción) sostuvieron en declaración pública
que el juicio “tiene como único objeto castigar al movimiento mapuche y sus
justas reivindicaciones como pueblo, a través, del encarcelamiento de uno de los
fundadores y dirigente histórico de la Coordinadora Arauco Malleco”. En los días
previos, sectores estudiantiles desarrollaron movilizaciones de protesta en las
afueras de la Universidad Técnica Federico Santa Maria de Concepción.
Sobre la detención de Llaitul, su esposa, Pamela Pezoa, en entrevista virtual
con esta periodista expresó:
“El arma está
inscrita desde hace años, y le pedí que la sacara de la casa por los niños, que
estaban de vacaciones; para que se la guardara un amigo. Ese día Héctor iba a
visitar a nuestros hijos Lautaro y Neyen, que estaban en la casa de mi mamá en
Concepción. Los teléfonos estaban pinchados… Ellos también tenían seguimiento, y
las señoras que los cuidaban mientras yo trabajaba, fueron amedrentadas y
sobornadas. Una de ellas fue detenida por 7 horas en la comisaría de Cañete. Le
preguntaban si los niños sabían donde estaba su padre, por lo que yo temía que
algun dia los detuvieran. Lautaro cumplirá 13 anos el 30 de Agosto, en medio de
este juicio; Ernesto tiene 11 años, también tenemos a Neyen de nueve y Pelentaru
de apenas tres años. Además, cuando Victoria –que sólo es hija mía- cursaba
tercero medio en un colegio de Concepción fue interceptada a la salida por
desconocidos que le pidieron que se subiera a un auto. Ella se negó y varios
compañeros se dieron cuenta de que algo le pasaba y se acercaron a ella”.
Pamela que vive con
sus niños en Ranquilhue (Tirúa), sector lago Lleu/ Lleu –uno de los epicentros
del conflicto mapuche- cuenta que Héctor “es amante de los deportes y la
actividad física, juega basketbol desde su juventud, no fuma, ni toma, y lee
muchísimo. Ha trabajado en la construcción en Santiago, o como recolector en la
caleta de Butalelbu en Puerto Montt, y trabajador social en Purén”.
Diez meses de “prisión preventiva”
Llaitul (39
años), trasladado a la capital penquista desde Angol con gran despliegue
policial, cumplió ya casi seis de los diez meses de prisión preventiva
dictaminados por la jueza de garantía de Nueva Imperial, Karina Rubio, quien lo
formalizó por supuesta participación en el atentado incendiario a máquinas de
Forestal Mininco ocurrido en Cholchol en diciembre de 2006. En este juicio la
defensa está a cargo del abogado penquista Adolfo Montiel. Sobre esta imputación,
afirma Pamela Pezoa:
“La fiscalía de Nueva
Imperial le acusa por el ataque incendiario en Cholchol, pero quien lo inculpa
es Roberto Painemil Parra, una persona sin antecedentes policiales, respecto de
quien tampoco está comprobado haya tenido alguna participación en ese hecho.
Héctor no lo conoce para nada. Para este juicio sólo contamos con un defensor
público. Según el testimonio entregado por el comunero Painemil a sus familiares
y al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, él fue golpeado y
amenazado por sujetos que no pudo identificar. En todas las causas anteriores
Héctor ha sido absuelto. Están archivadas, solo en una cumplió una pena remitida,
por el incendio a la Hacienda LLeu Lleu en enero de 2001.” Las circunstancias
que rodean la detención de Painemil también son confusas ya que inicialmente él
afirmó que fue detenido e interrogado por civiles que supone ligados a los
empresarios forestales.
La
cárcel de Angol
Luego de su detención
Héctor Llaitul permaneció ilegalmente aislado en la enfermería de la cárcel de
Temuco. Su demanda de traslado a la cárcel de Angol para poder ser visitado y
acceder a un trato digno y un juicio justo, sólo fue concedida luego de una
prolongada huelga de hambre, después de la cual el vocero se unió en mayo en ese
recinto, a otros 4 presos políticos mapuche: Patricia Troncoso, Jaime Marileo,
Pedro Queipul y José Huenchunao (este último ex vocero de la Coordinadora,
arrestado en enero de 2007 y sentenciado a 5 años por un ataque incendiario en
Ercilla) . La actuación del Estado chileno en las condenas de estos detenidos
por el caso Poluco-Pidenco está siendo investigada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Defensa territorial
Hasta la fecha, los
órganos policiales han sido efectivos en lograr la detención de dirigentes
destacados de la radicalizada organización mapuche (José Llanquileo, ex vocero
de la Coordinadora que ya no milita en la entidad, sindicado por la inteligencia
policial como su líder máximo, también está en prisión, en Traiguén) sin embargo
en tribunales frecuentemente los fiscales no logran acreditar los delitos por
los cuales se les persigue. A diferencia de otras organizaciones mapuche, la
Coordinadora Arauco Malleco desarrolla su trabajo en forma autónoma, al margen
de la institucionalidad y se opone a cualquier negociación con el gobierno en
las actuales condiciones. Tampoco mantiene alianza alguna con otras
organizaciones mapuche ni con partidos de izquierda y su dirección colectiva
tiene carácter clandestino. “Nuestros esfuerzos se concentran en la defensa
territorial y reconstrucción de nuestro pueblo, lo que, a su vez, permitirá
crear las bases para generar una propuesta mayor, en definitiva, el proceso de
liberación nacional mapuche”, sostienen en una entrevista a su vocero “José
Llanquilef” publicada en agosto en su página web, www.nodo50.org/wef/tun .
Pese a los anuncios
oficiales acerca de la nueva “pacificación” del territorio afectado por el
denominado conflicto mapuche luego de la detención de los dirigentes de la
Coordinadora, continúan en Arauco las movilizaciones relacionadas con la lucha
por la recuperación de tierras usurpadas por las forestales. Es así como en
julio, diez mapuche de la comunidad Chilcoco fueron formalizados en Arauco por
“usurpación no violenta” del fundo Llico en manos de la Forestal Arauco. En
Cañete, ese mismo mes se produjo la ocupación por la comunidad Antonio Nicuman
de Treng Treng, del sector Huape-Antiquina, en manos de Forestal Mininco. Poco
antes, la comunidad de Yeupeko (comuna de Vilcún) afirmó públicamente que
continuaría su lucha por recuperar las tierras que reivindica, actual fundo
Santa Margarita, y a su vez la comunidad del sector de Nalcahue reafirmó el
ejercicio de control territorial sobre un área ancestral recuperada previamente.
Justicia y discriminación
Sin excepciones, la detención
de comuneros en toda la zona mapuche está directamente vinculada con la lucha en
defensa de sus territorios ancestrales. No hay hechos de sangre relacionados con
estas demandas y acciones contra las empresas forestales, que la Presidenta
Bachelet calificó en Ginebra como delitos comunes. La organización urbana “Meli
Wixan Mapu” define como preso político a todo aquel mapuche “privado de libertad
y/o en proceso, por su participación en acciones que apunten a la reconstrucción
del pueblo-nación mapuche, entendiendo por tal los procesos de recuperación de
tierras y/o ejerciendo control territorial sobre predios recuperados, así como
las movilizaciones que apunten a la reivindicación de los derechos políticos del
pueblo mapuche”. En las cárceles de Angol, Victoria, Lebu, Concepción, Temuco y
Traiguén y también en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, se encuentran más
de 20 presos políticos mapuche, la mayoría juzgados bajo la legislación
antiterrorista de tiempos de Pinochet, reclamada a dúo por gobierno y
empresarios forestales.
¿Por qué los
dirigentes mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco han optado por la
clandestinidad en lugar de comparecer ante la justicia chilena en tiempos de
democracia? Resulta oportuno analizar las medidas precautorias que se aplican a
luchadores mapuche, las sentencias a las que se les condena, los allanamientos
masivos y vejaciones a los que son sometidos comunidades como Temucuicui,
Cherkenko, San Ramón, José Guiñón, Tricauco, Ailia Varela del sector Caillin (comuna
de Ercilla) Hay evidente discriminación de los jueces frente a criminales
responsables de delitos de lesa humanidad. Las condiciones de vida en el Penal
Cordillera contrastan con los diez meses a la espera de juicio por Llaitul en la
cárcel de Angol, o la condena efectiva a 500 días por daños a un tractor que
Waikilaf Cadin –sin antecedentes anteriores- enfrenta en condiciones
infrahumanas de aislamiento en la Cárcel de Alta Seguridad, sin derecho a
biblioteca. La lonko Juana Calfunao Paillalef y su hermana Luisa permanecen
actualmente en huelga de hambre en la Cárcel de Temuco, exigiendo el cese de los
malos tratos y hostigamiento ejercidos por gendarmería y tratamiento médico
adecuado al werken Antonio Cadin, entre otras demandas.
Entretanto la justicia ha dejado en libertad condicional a
los ex carabineros Alex Ambler Hijonosa, Francisco Toledo Puente y Marcelo Muñoz
Cifuentes, asesinos de los hermanos Vergara Toledo y a todos los oficiales
convictos por la ejecución a mansalva de Jecar Neghme (el ex brigadier Enrique
Leddy Araneda, jefe Metropolitano de la CNI, los altos ex oficiales Pedro Guzmán
Olivares, Luis Sanhueza Ross, Jaime Norambuena Aguilar, Silvio Corsini y Manuel
Allende Tello . Además, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema últimamente ha
rebajado a la mitad “por irreprochable conducta anterior” penas que afectan
entre otros, a criminales empedernidos de la DINA como el ex prófugo Raúl
Iturriaga Neumann, y el ex detective Risiere Altez España, condenados por el
secuestro y desaparición de los jóvenes socialistas Mario Carrasco Matus y
Víctor Olea. Altez España, un torturador, cumplirá su mínima pena en libertad
condicional.
El alto mando de las fuerzas policiales y la justicia
dedican grandes recursos a la criminalización de la lucha mapuche en lugar de
intensificar los medios requeridos para prevenir y castigar la violencia de
género. En 2006, 51 chilenas fueron asesinadas en contextos de violencia
intrafamiliar, mientras que en lo que va de 2007, ya murieron 47 mujeres (una
por semana) por la misma causa según denunciaba un estudio de diversas
organizaciones feministas en el Diario de la Sociedad Civil (www.sociedad
civil.cl). Las medidas cautelares y las penas aplicadas a estos criminales
tampoco guardan relación con la gravedad de estos hechos.
Sin respuesta judicia
Las querellas y los
recursos de amparo de los mapuche por torturas, incendios de rucas,
interrogatorio a niños en la escuela Villa Chiguague de Ranquilco Bajo,
detención ilegal o violencia innecesaria no prosperan en la justicia. En cambio
las forestales cuentan con permanente protección policial, que en el caso del
propietario del fundo Montenegro, René Urban Pagnard, colindante con la
comunidad Temucuicui de la comuna de Ercilla, incluye un helicóptero, fuerzas
especiales y vehículos policiales en forma permanente. Urban ha logrado que los
miembros de la familia Huenchullán Cayul, sus vecinos más próximos, sean objeto
de permanentes detenciones y amedrentamientos por la policía, cuando circulan
por el camino público que separa ambos predios. Estos hechos han sido
denunciados por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y
documentados en terreno en septiembre de 2006 por una Misión de Observación de
Derechos Humanos. En julio de 2006, la Corte de Apelaciones de Temuco había
rechazado una denuncia de hostigamiento policial interpuesta por lo comuneros,
argumentando que el informe de Carabineros sostenía que tal hostigamiento no
existía, una respuesta idéntica a las dadas por tribunales en tiempos de
dictadura.
Críticas desde el exterior
La vulneración de los
derechos humanos del pueblo mapuche y la judicialización de sus luchas ha sido
criticada en mayo pasado por Amnistía Internacional en su informe 2007 y el año
2006 lo fue por Rodolfo Stavenhagen, relator internacional de Naciones Unidas
sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. En marzo de este año, la
reprimenda vino d el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus
observaciones y recomendaciones al quinto informe sobre derechos humanos en
Chile. El Comité llamó al gobierno de Chile a realizar todos los esfuerzos
posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven a una
solución que respete los derechos sobre las tierras de las comunidade afectadas
por la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía, y para
que estas sean reconocidas como tierras ancestrales. En varias oportunidades el
gobierno ha recibido llamados de atención provenientes de la Comisión Contra la
Tortura de las Naciones Unidas, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos
Indígenas (IGWIA); el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU; y la
Federación Internacional de Derechos Humanos en América Latina. Todos ellos
llaman al gobierno chileno a rectificar.
Inconsistencia oficial
El gobierno de la
Presidenta Bachelet ha iniciado una ofensiva diplomática por un asiento en el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el período 2008-2012, Los
gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela tienen similares propósitos, pero
sólo hay tres cargos para la región. Sin embargo la mandataria presta oídos
sordos a las advertencias de los organismos internacionales de derechos humanos
y a la activa campaña por la libertad de los presos políticos mapuche
desarrollada por las organizaciones de ese pueblo originario en Europa y otras
regiones.
Aunque Chile cuenta con una Ley Indígena que asegura el respeto a la cultura de
los pueblos originarios, sus autoridades tradicionales son llevadas a juicio y
condenadas frecuentemente. A fines de agosto, en conferencia de prensa los
lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún, de la comuna de Traiguén, liberados este
año luego de cumplir condenas de cinco años, mostraban su asombro por la
indiferencia del gobierno ante los llamados de atención de las organizaciones
internacionales de derechos humanos y particularmente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Denunciaron que la entidad no obtuvo
descargos oportunos del Estado chileno en la investigación iniciada a pedido de
estos lonkos por irregularidades en su juicio.
ISRAEL
- ESPANA
Escuela
de las Américas israelí con sede en San Sebastián de los Reyes
Ofrecen entrenamiento en Israel y en el Estado español.
Son ex altos cargos del ejército israelí que forman personal de seguridad que
actúan en las zonas más conflictivas del mundo, desde Iraq a Guatemala.
Fuente Red Eco
 (Lucas Marco
– Periódico Diagonal) - Tras las ventas de armamento entre los gobiernos español
e israelí se teje una discreta red de negocio en torno a la seguridad privada
que ofrecen empresas israelíes en la península. Tras prolongadas décadas de
ocupación militar y de confrontación regional, militares israelíes han ido
desarrollando técnicas de contrainsurgencia y seguridad que luego han aplicado
en escenarios de conflicto armado en todo el planeta incluyendo Iraq, Afganistán,
Argelia, Chechenia, Nigeria, Angola o Guatemala.
En el caso del Estado español, el conflicto vasco ha abierto posibilidades de
negocio para las afamadas empresas israelíes dedicadas al campo de la seguridad
y la protección.
Además, también, desembarcan empresas israelíes dedicadas a campos tan diversos
como la inteligencia, la seguridad en redes informáticas y en el sector marítimo
o la detección del fraude en el sector financiero. Hasta 41 empresas israelíes
de seguridad buscan representación y mercado en la península, según la Embajada
israelí en Madrid.
Así, El Confidencial Digital publicaba el pasado mes de junio que un ex general
israelí abría “una delegación en España para ofrecer servicios de escolta a
empresarios españoles y adiestramiento de primer nivel”. La empresa
International Security Academy (ISA) fue creada en 1992 por antiguos generales
del Tzahal (ejército israelí), “responsables de un moderno plan de seguridad
para las fronteras y ciudades del Estado de Israel”. Su equipo de instrucción
cuenta con 11 ex altos mandos de la seguridad y de los servicios secretos
israelíes, un ex director del establecimiento de seguridad de Croacia y un
militar del ejército suizo.
Entre los ex altos mandos de ISA destaca su instructor jefe, el coronel retirado
desde el pasado año, Zafrir Pazir, anteriormente responsable de la seguridad de
todos los primeros ministros durante 23 años.
Otro militar instructor es Avi Katz, coronel del ejército israelí que ha
desarrollado 25 años de su vida en los servicios secretos en el sur del Líbano,
durante la ocupación militar israelí; además también fue responsable de la
seguridad de la compañía aérea de Israel.
Finalmente Arnom Maor, coronel de las fuerzas especiales Navy Seals, también
figura entre los instructores. Arnom es actualmente responsable técnico de la
lucha cuerpo a cuerpo de los Yaman, un cuerpo de élite de la policía israelí, y
de varios cuerpos de intervención del ejército de este país.
El estreno de la filial española de ISA coincide con el periodo de entrenamiento
que ha ofrecido la empresa israelí a un grupo de españoles durante un mes en la
frontera de Gaza en compañía de un equipo de las fuerzas especiales israelíes.
De esta forma se irán añadiendo más profesionales de la seguridad privada y la
protección de escolta de nacionalidad española a las 42 mil personas entre
personal civil, policial y militar de todo el mundo que la empresa asegura haber
formado en sus 15 años de andadura.
La empresa Guardian Protección Especial SA (GPE), afincada en la avenida
Somosierra de San Sebastián de los Reyes (Madrid), ofrece todo tipo de servicios
de escolta y seguridad privada. Fundada por Ariel Mazoz, antiguo miembro del
Shin Beit (Servicio General de Seguridad de Israel) destinado en las embajadas
de Israel en El Cairo y Washington, e Ilan Arzooan, también ex miembro del Shin
Beit y destinado en las embajadas israelíes en El Cairo y Madrid (en 2005 fue
jefe de seguridad del ministro de exteriores español Miguel Ángel Moratinos
durante sus visitas a Israel), GPE ofrece cursos de escolta en Israel, por
ejemplo del 14 al 26 de noviembre de 2007, por un precio de 3.950 euros.
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ARGENTINA
4 - 9 - 07
PIDEN SOLIDARIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
POR LOS PRESOS DE QUEBRACHO EN HUELGA DE HAMBRE
Fuente:
Resumen
Se solicita
solidaridad ante grave situación por Huelga de Hambre de presos políticos
argentinos.
 Se adjunta nota tipo para enviar a Presidencia de la Nación, Secretaría de
Derechos Humanos, Ministerios, Legisladores, etc., a fin de dar a conocer el
urgente estado de gravedad que atraviesa la actual detención de los
militantes populares Fernando Esteche y Raúl Lescano.
Enviar nota con copia a:
presosenhuelga@yahoo.com.ar
DECLARACION POR HUELGA DE HAMBRE DE FERNANDO
ESTECHE Y RAÚL LESCANO
Al Presidente de la Nación
A los Legisladores Nacionales
A los Jueces de la Nación
Nos dirigimos a Ustedes, para solicitarles que en forma inmediata se atienda a
la situación de Fernando Esteche y Raúl Lescano actualmente en Huelga de Hambre
en pedido de su excarcelación hasta el Juicio Oral. Ambos militantes, están
presos bajo disposición de la Causa 5155/07 recientemente radicada en el
Tribunal Oral Federal N°3, sindicados como responsables por un escrache al local
partidario de Jorge Sobisch en la ciudad de Buenos Aires. Cabe
aclarar que, los cargos por los que son imputados, permiten ampliamente el
beneficio de la excarcelación, no obstante lo cual, los dos están detenidos en
el Penal de Máxima Seguridad de Ezeiza.
Es intolerable que vaciadores del país y verdaderos genocidas como Carlos Menem,
Fernando De la Rúa y Domingo Cavallo, estén libres, o que sobre el propio
gobernador neuquino, Jorge Sobisch, responsable político del
asesinato del docente Carlos Fuentealba, no pese ni siquiera una causa judicial,
en tanto Esteche y Lescano están presos y comprometiendo su vida en una huelga
de hambre por haber repudiado la muerte de un trabajador.
Desde el pasado 21 de Agosto, los dos militantes están en Huelga de Hambre
exigiendo que se cumpla el derecho que los asiste a la excarcelación hasta el
juicio. Los días avanzan y su estado de salud desmejora. No se puede
esperar más. No se pueden permitir más muertes de luchadores.
ENVIAR A CARTA, FAX O MAIL A:
Presidencia de la Nación
(54) 11-4344-3600
Balcarce 50 CP: 1064, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
webmaster@jgm.gov.ar
http://ar.f587.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=webmaster@jgm.gov.ar
secretariageneral@presidencia.gov.ar
http://ar.f587.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=secretariageneral@presidencia.g
ov.ar
Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos
Sarmiento 329 | CP: C1041AAG Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina
Teléfonos: (54)4328-3015 al 4328-3019 | Fax: 4328-6148
Secretaría de Derechos Humanos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
25 de Mayo 544 CP: C1002ABL (54-11) 5167-6500
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ? República Argentina
25 de Mayo 606 4° piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono:
011 4316-4965/6
Email:
denuncias@derhuman.jus.gov.
http://ar.f587.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=denuncias@derhuman.jus.gov.ar
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Presidente: Dr. Ricardo Luis Lorenzetti.
Talcahuano 550, Piso 4º.
(1013) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: 43710452/1029/1755.
Email:
jurisprudencia@csjn.gov.ar
http://ar.f587.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=jurisprudencia@csjn.gov.ar
Ministerio Público Fiscal
Procurador General de la Nación: Dr. Esteban Righi.
Av. de Mayo 760.
(C1084AAP) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: (5411) 43384300.
Email:
web@mpf.gov.ar
http://ar.f587.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=web@mpf.gov.ar
Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación:
Suipacha 365 ? (C1008AAG), Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Teléfono: 0810.333.3762 ? Fax: (11) 4819.1581
E-mail:
mondino@defensor.gov.ar
http://ar.f587.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=mondino@defensor.gov.ar
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados
E-mail:
cjusticia@hcdn.gov.ar
http://ar.f587.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=cjusticia@hcdn.gov.ar
Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados:
Edificio Anexo:
Riobamba 25 1° Piso of 155
(1025) Ciudad de Buenos Aires
tel: 6310-7100 Int 2158
cdhygarantias@hcdn.gov.ar
http://ar.f587.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=cdhygarantias@hcdn.gov.ar
Comisión Derechos Y Garantías del Senado
Hipólito Yrigoyen 1708 - 6º Piso, Of.: 609
1079 - Buenos Aires - República Argentina
Teléfono:4010-3000/ Interno: 3635 - 3637 - 3639
Ya suman 13 días
de huelga de hambre los presos políticos de Quebracho
 No llama la atención de que a 13 días de iniciada la huelga de hambre de los
compañeros del MPR Quebracho Fernando Esteche y Raúl Lescano, ningún medio se
haya ocupado al menos de dar la información. Este macabro complot entre el poder
político y la prensa hace que sólo las comunicaciones alternativas como esta den
cuenta de esta injusticia y aberración que hoy afrontan estos compañeros.
Mientras la "Justicia" se ocupa de acusar a estos compañeros de ser autores
intelectuales del repudio al local del gobernador neuquino Jorge Sobisch, se
olvidan de que este facista es el responsable político del asesinato del
docente Carlos Fuentealba, y hoy se pasea pornográficamente como candidato a
presidente, como si nada hubiera pasado en la Argentina el 4 y 5 de abril de
2007 en su provincia.
Raúl Lescano, ex miembro del PRT- ERP, es dirigente del MPR Quebracho y ya
soportó en otros tiempos la cárcel de López Rega, de Lanusse, de Alfonsín, sólo
por haber dado una y otra vez su vida al servicio de una vida más digna
para los argentinos. Ahora el gobierno de Kirchner que pretende hacer creer a
todos ser el campéon de los Derechos Humanos, lo tiene preso luego de haberlo
secuestrado - con métodos de la dictadura- el 17 de abril por ser
dirigente de Quebracho, y no por ningún vidrio roto como algunos creen.
A Fernando Esteche el mismo juez Lijo, cómplice de esta basura kirchnerista, le
reconoce no haber ni siquiera estado en el lugar de los incidentes, pero lo
encarcela por llamarse Esteche, y estar vinculado su nombre al de esta
organización de la Resistencia.
Ellos, cansados de esta patraña de justicia, cuando observan que un kirchnerista
atropella manifestantes y el gobierno mira para otro lado, cuando Sobisch se
candidatea impúnemente a presidente, cuando al señor rico Carrascosa le dan la
libertad a pesar de considerarlo culpable de matar a su esposa, ellos decidieron
desde las 0.00 horas del 21 de agosto, no ingerir ningún alimento hasta que se
decida su libertad. Los únicos líquidos que beben estos compañeros son yerba
mate, té y agua mineral.
Pocos días le quedan a Fernando y al "Boli" en este régimen estricto de huelga
que llevan. Mientras, el gobierno "nacional y popular" probablemente espere que
ellos lleguen al final de sus fuerzas para hacer algo, o en el
peor de los casos, asumir el costo político de su muerte.
Esta es la justicia de los Kirchner, de los Sobisch y de los Fernández. Esta es
la justicia argentina.
LIBERTAD A LOS PRESOS DE QUEBRACHO EN HUELGA DE HAMBRE
LIBERTAD A LOS PRESOS DE QUEBRACHO, EL PRT Y LA 29 DE MAYO
LIBERTAD A KARINA LÓPEZ, LOS PRESOS DE LAS HERAS,
A VILLALBA Y LOS PRESOS PARAGUAYOS.
COORDINADORA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS
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ARGENTINA
23
– 08 - 07
En el
último mes murieron once personas por tener desnutrición en Chaco
 Once
personas murieron durante el último mes en Chaco a causa de cuadros de
desnutrición, lo que motivó el envío de una cuadrilla especial desde la
Defensoría del Pueblo de la Nación para relevar las condiciones de vida en esa
provincia.
La cuadrilla estará encargada de recopilar información sobre las condiciones de
vida en general y enfermedades endémicas de la región, como la desnutrición, la
tuberculosis y el Mal de Chagas.
La decisión fue tomada por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino,
quien instruyó a un equipo de la institución para que recorra las comunidades
más afectadas.
El relevamiento comenzó el pasado lunes 13 a partir de las localidades de Villa
Río Bermejito, 1 de Mayo, El Colchón, Pozo de La China, Paso Sosa, Fortín
Lavalle, Pozo de Bayo, Campo Redel, La Sirena, El Espinillo, Pampa del Indio,
Miraflores y Castelli, entre otras.
La toma de contacto es con las comunidades aborígenes y otros pobladores que
sufren la desnutrición, una de las endemias que, junto con la tuberculosis y el
Mal de Chagas, afecta a gran parte de los habitantes chaqueños.
Con los elementos de esta investigación de campo en su poder el Ombudsman
nacional producirá un exhaustivo informe que elevará a las autoridades
nacionales y provinciales en el transcurso de la próxima semana.
Hace algunas semanas, el Centro de Estudios e Investigación Social Nelson
Mandela advirtió en un documento que en el Chaco, existe un "genocidio
sanitario".
En el informe, se indicó que con esa realidad queda demostrada la existencia de
una "subcultura que reniega de los postulados más elementales de las correctas
prestaciones en salud que son propias de un sistema sanitario solidario y
eficiente".
Por su parte, el sacerdote Roberto Ramón Silva afirmó que "no es posible morirse
de hambre en la patria bendita de pan", y que "ningún organismo estatal supo,
quiso o pudo hacer algo por ellos".
"La única solución fue hacerlos esclavos del más ruin asistencialismo. Después,
que Dios los ampare", agregó.
Chaco es una de las provincias más pobres de Argentina, donde unas 400 mil
personas viven en forma exclusiva de los programas sociales del Gobierno
nacional.
SOBRE LOS SUCESOS
DE SANTA CRUZ
Video
de OPI Santa Cruz con el momento en que Varizat
(ex ministro del interior de
Santa Cruz)
atropella
a la multitud.
www.opisantacruz.com.ar/Video/Victimas%20de%20Varizat.wmv
Opinión sobre los sucesos de
Santa Cruz
VARIZAT: EL CAJÓN DE HERMINIO
Si cualquier confabulador hubiera pergeñado una venganza en contra del actual
gobernador con aspiraciones a candidato y del propio presidente que se desvive
por imponer a su esposa como única opción a la presidencia, es
posible que no le hubiera salido tan bien lograda como al ministro desquiciado.
Indudablemente que aún pensando que Varizat es un sujeto con ciertas anomalías
de razonabilidad y criterio, cuestión que dejó pienamente demostrado durante su
desastrosa gestión, cuesta pensar que haya considerado
posible pisar a 20 personas aquella noche del viernes cuando salió del hotel
céntrico en compañía de sus amigos periodistas.
Es probable que todo se le haya ido de las manos, debido precisamente a su
escasa capacidad para entender determinadas acciones y las consecuencias
posteriores, adormecido tal vez por tantos años de extrema impunidad donde
ofender o lastimar daba lo mismo, porque jamás hubo castigo.
Indudablemente Varizat estaba allí para provocar y si uno mira detenidamente las
fotos que exhibió OPI, encuentra a una persona más bien tranquila y decidida a
resistir los insultos dentro del auto, convencido de que estaba
cumpliendo su cometido y que recubierto por la enorme fortaleza del blindaje,
las palabras hirientes de los manifestantes o las palmas que golpeaban los
cristales a prueba de balas, podían hacer el mismo daño que
una pluma arrojada contra el lomo de un elefante.
Lo incongruente de todo es la reacción desmedida y criminal que tuvo. ¿Miedo,
bronca o soberbia?. Ninguna de estas circunstancias lo justifican pero tal vez
si logran explicarlo. Sin embargo es evidente que el raziocinio acotado de
Varizat fue derrotado por la bestia interior que lo hizo pisar el acelerador sin
remordimiento y mucho odio hacia el prójimo.
Cuesta entender entonces que un paladar negro del kirchnerismo haya jugado una
carta demencial sabiendo que con esta salvajada destruía el endeble castillo de
naipes en el que se han transformado las aspiraciones políticas
del presidente en Santa Cruz después de la enorme crisis social por la que
atravesó recientemente la provincia.
Varizat es el mejor radical que hoy tiene el peronismo de cabotaje. Es
comparable a la fatídica quema del cajón por parte de Herminio Iglesias que en
solo un gesto repudiable supo enterrar las esperanzas de su partido y
potenciar las posibilidades de sus oponentes, no por los méritos que demostraron
en ese momento los radicales, sino por el rechazo generalizado que se generó a
partir de tan ordinaria expresión de intolerancia.
fuente: (Agencia OPI Santa Cruz)
Tensión en Santa Cruz tras el
atropello de varios manifestantes por un ex ministro de Kirchner
Nuevos incidentes en una marcha
y ataques a la Casa de Gobierno
Más de dos mil empleados marcharon a la sede de la
gobernación provincial para repudiar el episodio protagonizado el pasado
viernes por el ex ministro Varizat. Los manifestantes arrojaron las
vallas colocadas por la Policía, rompieron vidrios y dejaron pintadas.
El gobernador Peralta llamó a la "paz social".
Una manifestación de estatales terminó el pasado sábado con el ataque de
la Casa de Gobierno de Santa Cruz, en otro día de tensión en la
provincia, tras el grave incidente que protagonizó el detenido ex
funcionario kirchnerista Daniel Varizat, quien atropelló a 17 personas
que hacían una protesta. El gobernador Daniel Peralta consideró que
Varizat, cometió "una barbaridad, un acto irracional" y reveló que el
presidente Néstor Kirchner y su esposa y candidata a sucederlo, Cristina
Fernández, están "muy preocupados" por el hecho.
El mandatario provincial mostró la soledad política en la que quedó
quien fuera uno de los hombres fuertes del kirchnerismo, tras acompañar
al jefe de Estado desde los 70, y pidió volver a una "paz social" que la
provincia parece haber perdido. Al respecto, unos cuatro mil
trabajadores se movilizaron al mediodía desde la intersección de las
calles Roca y San Martín hasta la sede de la gobernación, donde también
escribieron pintadas contra el presidente Kirchner, quien partió por la
tarde a su residencia de El Calafate, junto con su esposa.
Varizat justificó el sábado su reacción al afirmar que "tenía miedo" de
que lo "maten" las personas que rodeaban su camioneta, al hablar con una
emisora radial de la Ciudad de Buenos Aires, pese a que continúa
detenido en una comisaría de Río Gallegos y que pesó sobre él una "incomunicación".
"Lo que pasó es que fui agredido por más de 200 personas que me
empezaron a insultar y a golpear. Me amenazaron de muerte y querían
abrir las puertas" de la camioneta en que circulaba, dijo el ex ministro
de Gobierno de la provincia del presidente Néstor Kirchner. Sobre el
estado de conmoción en el que vive Santa Cruz, manifestantes volvieron a
concentrarse en el mismo lugar donde ayer reclamaron aumento salarial,
exigieron que "el poder político y la justicia castigue" al ex
funcionario y pidieron la renuncia del jefe de la Policía local,
Wilfredo Roque.
Al llegar a la Gobernación ubicada en Acorta y Comodoro Rivadavia,
arrojaron las vallas y llegaron hasta el hall de entrada, donde
rompieron vidrios al lanzar piedras e hicieron retroceder a los
efectivos policiales. Los empleados estatales convocaron a un paro
provincial para el martes, llamaron a una asamblea popular el lunes y
para reforzar su reclamo pidieron a los comerciantes que no abran sus
negocios en repudio a la situación que atravesaron anoche.
También denunciaron el incendio de la carpa docente de la Dignidad,
ubicada frente a la gobernación causado por un grupo de jóvenes
desconocidos, que fue combatido por policías que custodiaban la zona.
Según relataron integrantes del sindicato docente, en la madrugada tres
chicos pasaron por el lugar, rociaron la carpa con un líquido
combustible y posteriormente la incendiaron pero, gracias a la
intervención policial, no ocasionó daños mayores.
Por otra parte, en el hospital regional de Río Gallegos quedaban
internadas cinco personas, de las cuales una mujer permanecía en terapia
intensiva con asistencia respiratoria moderada.
En el hospital local fueron asistidos 17 adultos que sufrieron heridas
en el marco del incidente ocurrido anoche en la ciudad santacruceña y,
según el último parte médico, aún quedaban internados cuatro mujeres y
un hombre. El episodio generó una reacción de toda la oposición, que
salió a cuestionar la situación política de la provincia y las
deficiencias en la conducción que ejerce el presidente Kirchner en la
provincia. El más duro fue el obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Juan Carlos Romanín, quien repudió la "violencia, que empañó la
movilización pacífica de los trabajadores y vecinos de Río Gallegos".
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20 - 08 - 07
ARGENTINA
Se perdió prueba que pudo ser fundamental para
buscar a Julio López
El fiscal Sergio Franco pidió que se investigue
al Servicio Penitenziario Federal por haber obstaculizado las investigaciones
sobre la desaparición de Jorge Julio López. Denunció irregularidades en el penal
de Marcos Paz, donde está detenido Etchecolatz.
Por Adriana Meyer
Fuente: Pagina/12
 Han
perjudicado la investigación a tal punto que se ha perdido prueba que podría
haber sido fundamental para arribar a resultados positivos en la búsqueda de
Jorge Julio López y de los responsables de su desaparición. Ello
es así porque la investigación ha sido desviada hacia lugares inconducentes. La
contundente frase se refiere al Servicio Penitenziario Federal (SPF) y es la
conclusión del fiscal federal Sergio Franco para denunciar penalmente a ese
organismo federal por haber obstaculizado las investigaciones sobre el paradero
del testigo.
Tal como anticipó Página/12, el fiscal le pidió al juez federal Arnaldo Corazza
que investigue las ³irregularidades con las líneas telefónicas a disposición de
los internos detenidos por violaciones a los derechos humanos en la cárcel de
Marcos Paz, y las irregularidades en la inscripción en el libro en donde se
asientan las visitas a los detenidos. El fiscal acusó a catorce miembros del SPF,
incluidos los dos últimos jefes de Marcos Paz, de haber cometido falsedad
ideológica de documento público, ocultamiento de información y abuso de
autoridad². Hoy se cumplen once meses
de la desaparición de este albañil de 77 años, que contribuyó con su testimonio
a la condena del ex comisario Miguel Etchecolatz, preso en esa cárcel.
El fiscal Franco describió con detalle las graves anomalías en que incurrió el
SPF, y aseguró que así podrá observarse la dimensión de los obstáculos puestos y
las falaces respuestas ante los requerimientos judiciales, tal como consta en el
escrito al que este diario tuvo acceso.
- Ubicación de líneas telefónicas en lugares distintos de los indicados. Para
determinar las comunicaciones stablecidas entre los represores, el juez Corazza
había ordenado la escucha de los teléfonos asignados a sus pabellones. Según la
denuncia, quedó establecido que la línea informada como la del pabellón 7 módulo
1, donde está Etchecolatz, en realidad estaba en el módulo Enfermería, donde
también hay represores. Durante el segundo allanamiento al penal, el 28 de junio,
las autoridades informaron una nueva asignación y distribución de nuevas líneas.
Los investigadores concluyeron que ³es dable destacar la variación que desde un
comienzo de la presente investigación, como mínimo en tres oportunidades
detectadas, de cambios en las líneas correspondientes a los pabellones donde se
encuentran alojados los internos por delitos de lesa humanidad. Por otra parte,
el sistema VAIC detectó la realización de ocho comunicaciones al entorno de
Etchecolatz a través de un teléfono que, supuestamente, se encontraba ubicado en
otro
sector del penal. Los investigadores se vieron ante varios dilemas difíciles de
dilucidar: ¿Etchecolatz se trasladó a otro módulo para realizar llamadas a su
entorno? ¿Esas llamadas las hicieron internos alojados en Enfermería? Y de una
forma u otra ocurrieron fuera del horario legalmente establecido. Son llamadas
del 12, 14, 15, 16, 20 y 26 de septiembre de 2006, algunas de ellas pasadas las
21, y la del 20 es de las 2.18 de la madrugada.
- Abonados nunca informados. Son cinco líneas telefónicas que nunca fueron
reportadas por el SPF a los investigadores, pero que recibían llamados del
entorno de los detenidos por crímenes de lesa humanidad. Dos de ellas están
publicadas en la página web del SPF. Entre el 10 y el 20 de septiembre de 2006
hubo siete llamados intramuros hechos por estas líneas. ³Esto quiete decir que (los
funcionarios del SPF) conocían perfectamente la existencia de los teléfonos no
declarados porque, evidentemente, había comunicaciones a través de ellos.
- Libros de visitas. El informe da cuenta de dos irregularidades: ³distintos
registros de visitas a los detenidos por crímenes de lesa humanidad poseen el
mismo DNI, y el DNI registrado de varias visitas no corresponde con la
persona² que aparece en el libro. Esto impidió saber en forma fehaciente la
veracidad y totalidad de las visitas que tuvieron cada uno de los internos, por
lo cual ³es imposible indicarlas como parámetro de búsqueda al sistema
informático VAIC². A modo de ejemplo, dos amigos del procesado Norberto Cozzani
fueron registrados con el mismo DNI; lo mismo ocurrió con tres amigos de Eduardo
Cabanillas; la hermana y el cuñado de Orlando Generosos
comparten el mismo documento; la esposa de Isabelino Vega fue registrada con
idéntico DNI que su tío y que el de una amiga de Víctor Ríos; dos personas de
nombre José y Angel Eiris visitan con similar identificación a los
internos Etchecolatz, García y Vega. Ante semejantes irregularidades no puede
tenerse por cierto ningún dato plasmado en esa planilla², concluyó el informe.
Muchos avisos, ninguna
reacción
Aunque Nilda Eloy sobreviviente de los campos de exterminio, testigo y
querellante expresó su preocupación desde el primer día y los funcionarios
judiciales coincidieron en poner bajo la lupa a los 40 represores que
conviven en Marcos Paz, nada impidió que se produjera el daño de la hipótesis
que vincula a una banda mixta de represores retirados y en actividad con los que
están encarcelados como autores de la desaparición de
López. “Nos vamos a reagrupar y vamos a pasar al frente”, fue la inquietante
frase del ex chofer de Etchecolatz, Mario Guallama, que alertó al fiscal Franco.
El propio juez Corazza transmitió estos temores durante una reunión
en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero le respondieron que no hay
otro lugar donde tenerlos presos. Guardan jerarquías, se comunican entre ellos y
tienen gente afuera, se consideran Oprisioneros de guerra,
describió el juez. Ante la segunda desaparición de López (la primera fue en 1976
a manos de la patota de Etchecolatz), los organismos de derechos humanos de
Justicia Ya! pidieron el allanamiento a la cárcel. Esa medida se
produjo seis meses después, pero no acudió ningún funcionario judicial y los
detenidos supieron de las mismas 48 horas antes.
El alerta también provino de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense: el
14 de marzo informó que el director de Seguridad de Marcos Paz ordenó a su
personal tener “trato privilegiado” con los ex miembros de
fuerzas armadas y de seguridad, a quienes definió como ³presos políticos². Y
describió que tendrían acceso a un teléfono interno del complejo, con
comunicación al exterior². El segundo allanamiento a la cárcel comprobó que
esto era cierto, así como el flexible régimen de visitas. Hubo relevos en Marcos
Paz y hace pocas semanas el jefe del SPF, prefecto Hugo Soza, fue reemplazado
por un civil. Sin embargo, el ministerio de Justicia negó que lo
ocurrido en Marcos Paz tuviera que ver con esa decisión. De todos modos,
Etchecolatz sigue compartiendo sus horas con Carlos “Oso” García, Raúl
Guglielminetti, Eduardo Ruffo, Julio Simón y Pascual Guerrieri, entre otros.
fuente: Página 12
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14 - 8 - 07
ARGENTINA
En silencio, la represión lleva línea
ascendente
Un palito acá, un palito allá
Fuente: Prensa de Frente
Foto:Vientos del Sur
 Repasemos.
Algunas cosas han cambiado en el último año de gobierno de Néstor Kirchner. A la
desaparición de Julio López, y la consecuente falta de respuestas del ejecutivo
nacional, le siguieron una serie de amenazas e intimidaciones a militantes
populares y de organismo de derechos humanos denunciadas ante la justicia. A
estos hechos se le suma las recientes detenciones de activistas y militantes que
hasta la fecha permanecen detenidos, con un panorama legal más bien oscuro. En
tanto, en los últimos meses han reaparecido signos de represión a la protesta
social, que sin llegar a hechos de maxima gravedad, muestran una tendencia
preocupante. Comparado con sus antecesores, el de Kirchner no ha sido un
gobierno represivo, comparando el último tramo de gestión con sus primeros años,
la violencia estatal viene aumentado.
El fusilamiento de Carlos Fuentealba, prácticamente festejado en publico por el
gobernador Sobisch, fue la muestra más salvaje de estos hechos. Si bien el
docente fue asesinado por fuerzas provinciales, la administración nacional no
estuvo exenta de responsabilidades en este crimen, y viene sosteniendo una
política de represión de baja intensidad en diversos puntos del país. Estas
medidas no se aplican solamente a las expresiones enmarcadas dentro de
reivindicaciones políticas, sino que se generalizan al conjunto de los conflicto,
tiendan estos a cuestionar o no la política oficial.
Diez días atrás fueron reprimidos los cooperativistas del puerto marplatense,
quienes no son siquiera dignos referentes de esa lucha, cuando se les impidió
bloquear una ruta. En junio, los trabajadores del Casino de Buenos Aires habían
sido apaleados frente y dentro de la sede del Ministerio de Trabajo en Leandro
N. Alem. El pasado 19 de Julio, taxistas que protestaban frente al Hotel
Sheraton fueron golpeados por efectivos de Infantería. A principios del mes
pasado fue enfrentada por la policía una protesta de camioneros frente a la
embajada de Brasil. Dos semanas antes, a los trabajadores no profesionales del
Hospital de Clínicas también recibieron bastonazos frente al rectorado de la UBA.
Escenas como estas no se observaban con tanta frecuencia durante el gobierno de
Kirchner, no al menos en Capital Federal y conurbano.
En sintonía con estas acciones, hacia el interior del país el panorama no es muy
distinto. A las embestidas de las fuerzas de represión locales se la ha sumado
el accionar de fuerzas federales, táctica que dio comienzo Carlos Menem allá por
el año 1997 reprimiendo las puebladas de Gral. Mosconi y Tartagal. La
Gendarmería Nacional viene jugando a modo de comodín, actuando a lo largo y
ancho del país; ocupando establecimientos educativos en Santa Cruz, garantizando
el “orden” en Puerto Deseado y más recientemente, promediando la última semana,
en la propia ciudad de Buenos Aires ocupando el Hospital Francés ante el
“peligro” de los trabajadores de ese establecimiento.
En este sentido, es notoria la naturalidad con que son vistos por los medios y
el gobierno nacional los violentos desalojos como forma de resolción de las
ocupaciones de tierra en los últimos meses. Los fastuosos operativos frente a
las movilizaciones populares más convocantes, todavía le dan buenos resultados
al gobierno en su afán por desmovilizar a la población, tal como ocurrió el
último 26 de Junio durante el quinto aniversario de la Masacre de Avellaneda.
Centenares de efectivos impidieron durante una hora y media el acceso al Puente
Pueyrredón a miles de personas.
Paralelamente, la persecución al activismo político no alineado va in crescendo.
Hace solo unos días y mediante un comunicado de prensa el FUTRADEyO y Bloque
Obrero y Popular denunciaron que 'José Villalba , fue secuestrado el día 26 de
julio por personal de civil sin identificación, llevándolo con violencia en
camionetas sin patentes, al mejor estilo de la pasada dictadura militar,
buscando a otros dirigentes de esta organización. Con Falcon que merodean por
las noches los comedores y bibliotecas populares del barrio Eva Duarte y La Loma,
en Laferrere'.
Días después, en una movilización para pedir su libertad fue detenida Miriam
Biancheri, de la misma organización. Estas detenciones van perfilando un patrón
de judicialización de la protesta, que aumenta la lista de detenidos. Raúl
Lescano y Fernando Esteche, militantes de Quebracho presos desde el mes de abril,
se encuentran en una delicada situación legal, dado que, según los trascendidos,
permanecerán en prisión preventiva hasta la realización del juicio oral, en el
que se los acusa de destrozos y asociación ilícita.
El kirchnerismo ha lanzado a toda pompa la campaña presidencial de su candidata
Cristina Kirchner, manifestando que ella encarnará una etapa de 'mayor nivel de
institucionalidad'. Los últimos acontecimientos de la actual gestión, enumerados
en este texto, permiten delinear una preocupante segunda lectura de ese discurso.
COLOMBIA
A cinco años del gobierno
Uribe
Gotas para la memoria
Fuente y foto: Argenpress
 Les
propongo un ejercicio de memoria. Vamos a recordar algunos aspectos de los cinco
años de un gobierno experto en demagogia y en manipulaciones. Este régimen de
exclusiones tiene como punta de lanza una especie de príncipe feudal, rodeado de
bufones y otros cortesanos con exceso de zalema.
Recordemos, por ejemplo, a aquel señor del poncho y el sombrero que en su
primera campaña electoral repudiaba la reelección y luego, con ganas de poder,
aupado por el imperio y la oligarquía (¿por qué esta categoría casi ha
desaparecido de los análisis políticos colombianos?), se montó en ella. Y ahí
sigue cabalgando, sobre las desgracias y enajenaciones del pueblo colombiano.
Primero fue la propaganda. Sus áulicos lo proclamaron el mesías. Y él se creyó
el cuento. 'Quien no está conmigo, está contra mí', decía con sus actitudes
autoritarias y con sus ansias de imponer un pensamiento único. Recordemos que en
su primer cuatrienio, con habilidades de 'hechicero', creó una 'realidad
virtual', en la cual él, omnipotente, parecía una virgen de la inmaculada. Sin
mancha, pese a todos los escándalos. Efecto teflón lo llamaron.
Eran los tiempos de los calculados diminutivos (peajito social, impuesticos,
gotitas homeopáticas), de los eufemismos ('flexibilización laboral' para ocultar
despidos masivos) y de un lenguaje lleno de disfraces, que ni en el Halloween.
Creó así una especie de irrealidad para que los de abajo no sintieran la
exclusión ni las inequidades. Incluso llegó a tapar estadísticas. Hasta un
director del Dane renunció cuando el gobierno se opuso a que revelara una
encuesta sobre victimización.
Enmascaró las palabras para hacer creer a los habitantes de un país de
desasosiegos y miserias que moraban en una arcadia, un lugar de cucaña y
armonías pastoriles. Apeló entonces a la grandilocuencia, a la emotividad. Había
que hablar de patria y justicia y libertad y seguridad democrática y otras
abstracciones. Los medios las replicaban y de eso modo se daba la falsa
impresión de bienestar colectivo.
Y quienes osaran cuestionar su demagogia y desmontarle el sainete eran
calificados de 'terroristas' o 'enemigos de la democracia'. Una de las tácticas
uribistas de esos tiempos fue intentar desterrar las categorías de 'izquierda' y
'derecha', porque, según el presidente, había una 'democracia profunda' que no
podía tener adversarios, pues serían 'antidemocráticos'. ¿Si se acuerdan? Quería
borrar a la oposición.
La treta de embozar el lenguaje propició la negación de un conflicto interno
armado en Colombia. Y entre las teatralidades uribistas estuvo la de mandar a un
delincuente a dormir en una lujosa suite de un hotel de Bogotá. A los
discrepantes de su régimen los calificaba de 'comunistas disfrazados', que para
eso es el macartismo.
El 5 de agosto de 2004, en Arauca, a tres dirigentes sindicales los sacaron de
una casa y los ejecutaron extrajudicialmente. El informe oficial dijo que habían
sido dados de baja tres 'terroristas'. La verdad era otra: los obreros fueron
fusilados. Aparte de los recortes a los derechos laborales, también durante
aquel período se incorporaron intimidaciones contra los trabajadores agremiados.
Entre tanto, se satanizó la protesta popular, se asesinaron profesores como
Alfredo Correa de Andreis, se calificaron de 'salvajes' a los que se
pronunciaron en las calles de Cartagena contra el TLC. La salud de los
colombianos se deterioró, se cerraron hospitales, se otorgaron gabelas a las
promotoras privadas al tiempo que al Seguro Social se le expidió certificado de
defunción.
En estos cinco años, el crecimiento económico se concentró en monopolios y
corporaciones transnacionales. El gobierno ha privilegiado una plutocracia, que
tiene a varios de sus miembros dedicados al agio entre los más ricos del planeta,
mientras aumenta el número de pobres e indigentes, de desempleados y desplazados.
El espectáculo protagonizado por el gobierno ante los magnates estadounidenses
para que le aprueben el TLC ha sido indigno y vergonzoso. Ya no solo los
besamanos son para Bush y su corte neoconservadora, sino para los demócratas. Lo
peor: un arrodillamiento para un tratado comercial que arruinará más a la
mayoría de colombianos.
Los escándalos de la parapolítica (o del parauribismo, según un senador de
izquierda) tienen encartados a seguidores del presidente, al tiempo que Uribe
insiste en que se declare sediciosa a toda una turba de criminales del
paramilitarismo. Para ello ya comenzó a presionar a la Corte Suprema de Justicia,
en un abierto desafío a las instituciones.
En cinco años de mal gobierno el país sigue siendo un reino de desigualdades y
desmanes. Los desheredados, que sin embargo ya reanudan movimientos de
desobediencia civil, son cada vez más. Y cada vez avanzan en el conocimiento de
un régimen autoritario, favorecedor de minorías, y son capaces de enfrentar y
desenmascarar la demagogia y las manipulaciones presidenciales. El mandatario,
cada día más arrebatado, tendrá que aumentar su dosis de gotitas tranquilizantes.
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