COLOMBIA
17
sindicalistas asesinados en lo que va el 2008
En tres meses de 2008 han sido asesinados 17 sindicalistas. Con
la
intolerancia laboral se pierden vidas valiosas, se sabotea la
protección de
los trabajadores y se le cierran puertas al comercio
internacional. Informe
especial.
El sindicalismo en Colombia está de luto. Si 2007 terminó con
renovadas
esperanzas por la notable reducción de muertes y amenazas de
líderes e
integrantes de sindicatos, en el 2008, en cambio, la ilusión de
que la
persecución al sindicalismo cesaría se ha tornado frágil. El 2
de enero,
cuando apenas se iniciaba el año, ocurrió el primer homicidio.
Ese día,
mataron a Mario Zuluaga, de la Asociación Médica Sindical (Asmedas).
Después de esa muerte, no ha parado la mala racha. Dieciséis más
han sido
asesinados <http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=110668>.
El
caso más reciente fue el de Adolfo González Montes, dirigente
del Sindicato
de Trabajadores del Carbón (Sintracarbón), en Riohacha. Se fue a
su casa
temprano a descansar para madrugar al día siguiente a su trabajo
en Carbones
del Cerrejón. Nunca salió. Fue torturado y asesinado en su
residencia. Entre
enero y marzo de 2007 la cifra ya era escandalosa: diez muertes
violentas de
sindicalistas, pero este año los casos van en aumento. De
mantenerse esta
tendencia, los logros que se habían conseguido hasta ahora se
podrían
reversar.
Ninguno de los sindicalistas asesinados en este año, según
dijeron
funcionarios del gobierno a Semana.com, había recibido amenazas,
ninguno
estaba en procesos de negociación colectiva en sus empresas, ni
el ambiente de sus trabajos era hostil. Por eso ninguno estaba
en el
programa especial de protección a sindicalistas del Ministerio
del Interior
que generalmente ofrece especial custodia oficial y otras
condiciones de
seguridad a quienes estén en riesgo.
Los organizadores de la marcha en contra de los crímenes del
paramilitarismo
y en solidaridad con sus víctimas del pasado 6 de marzo han
dicho que cuatro
de los sindicalistas fueron asesinados en represalia por su
participación
activa y liderazgo en dicha caminata. Las autoridades aún no han
confirmado
ni desmentido esta denuncia.
Guillermo Correa, director del área de Investigación de la
Escuela Nacional
Sindical (ENS), coincide con el gobierno en que las últimas
muertes, según
la información que se conoce hasta el momento, no parecen
asociadas a
conflictos laborales o a amenazas por su actividad sindical. Sin
embargo,
las investigaciones judiciales están en proceso. Correa espera
que la
Fiscalía esclarezca los homicidios.
Como sucede a veces en Colombia con personas protegidas
especialmente por su
labor en defensa de los derechos ciudadanos -defensores de
derechos humanos,
periodistas, jueces, etc., - que algunos pocos resultan
asesinados por
razones que nada tienen que ver con su labor, asimismo sucede
con los
sindicalistas. Incluso el informe de 2007 del Departamento de
Estado de
Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en
Colombia, que
asegura que en miembros de los sindicatos continuaron siendo
blanco de la
guerrilla de las Farc y el Eln, y de los nuevos grupos armados
al margen de
la ley, por razones políticas, también señala que algunos
sindicalistas
fueron muertos como consecuencia de casos de robo, riñas
domésticas y otras
razones ajenas a la política.
"De acuerdo con la Fiscalía -dice el informe - los motivos en la
mayoría de
los casos procesados no tuvieron relación con el hecho de que
las víctimas
fueran integrantes de un sindicato".
Sobre las muertes recientes, hay que esperar a que las
autoridades
judiciales lleguen a descubrir realmente qué es lo que ha pasado
y den con
los responsables. Es de deducir sin embargo, que ante una ola de
asesinatos
de sindicalistas como la que se ha dado este año, hay algo más
siniestro
detrás que simples coincidencias de homicidios comunes. Las
organizaciones
nacionales e internacionales especialistas en el tema están
preocupadas y
consideran, con razón, que hay un ambiente francamente hostil
para el
ejercicio del sindicalismo en el país.
En la sesión número 301 del Consejo de Administración de la
Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que se realizó entre el 6 y el
20 de marzo
pasado, reconocieron que en Colombia se han visto
las garantías para ejercer la actividad sindical. Pero, a su vez,
llamaron la atención por la presiones y amenazas que han recaído
últimamente
sobre el sindicato empleados de la Universidad de Córdoba "por
parte del
rector de la Universidad y de jefes paramilitares de las
Autodefensas Unidas
de Colombia (Auc)". Le pidió al gobierno que garantice la
seguridad de los
dirigentes sindicales amenazados.
Apenas cinco días después de la reunión de la OIT, 22
organizaciones
internacionales de derechos humanos les enviaron una carta a los
presidentes
Álvaro Uribe y George Bush. En ella, rechazaban las muertes y
amenazas que
han ocurrido en los últimos días no sólo contra sindicalistas,
sino contra
organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes sociales.
Y culpan
al gobierno de haber creado un clima de intolerancia política
contra los
organizadores de la marcha del 6 de marzo al afirmar que detrás
de esta
caminata estaban las Farc.
*Males nuevos y viejos*
Los conocedores del tema advierten que habrá dificultades el
futuro
inmediato. Paradójicamente, en momentos en que se necesita más
que nunca que
se respete la vida de sindicalistas y líderes para la aprobación
del TLC con
Estados Unidos, se avecina un turbio panorama.
Para empezar, despertó el paramilitarismo, el principal verdugo
de los
líderes laborales. Los diálogos con las Auc habían conducido a
la reducción
sustancial del hostigamiento a sindicatos, pero en un reciente
comunicado
emitido por un grupo que se hace llamar Águilas Negras en Rearme,
el
comandante 'Camilo' anuncia una primera fase armada con el
"total rearme de
las fuerzas paramilitares".
"Después de ese anuncio, no conozco aún que se haya registrado
alguna
violación por parte de ese grupo, pero prende las alarmas", dijo
Correa, el
director de Investigaciones de la ENS. Ese ambiente cargado de
amenazas y
polarización se suma a viejos males de la sociedad colombiana,
que tiene una
visión negativa de los
sindicatos<http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=110675>.
En este terreno abonado florece la intolerancia y la agresión
contra
miembros y líderes de sindicatos.
Ahora, lo que se avecina para las autoridades es un gran reto,
pues los
sindicalistas son un grupo de población vulnerable que requieren
especial
protección debido al importante papel que cumplen en una
democracia en
representación del trabajo. Es deber del gobierno proteger sus
vidas y
habilitar su actividad como miembros activos de organizaciones
laborales.
El gobierno asegura que ya está tomando medidas especiales para
evitar que
las muertes violentas de sindicalistas se vuelvan a disparar y
que ya tienen
planeado cómo se protegerá la vida de los sindicalistas de ahora
en
adelante.
Al Programa de Protección
<http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=110676>que
se viene
desarrollando desde 1997, según explicó Andrés Palacio,
viceministro de
Relaciones Laborales, del Ministerio de la Protección Social, a
Semana.com,
van a tomar medidas extraordinarias como un programa de
recompensas para
aquellos que informen sobre quiénes amenazaron o mataron a algún
sindicalista y que coordinará el director de la Policía, general
Óscar
Naranjo.
También garantizarán protección especial a los trabajadores que
se
encuentren en procesos de negociación colectiva y que sientan
que están en
alto riesgo de muerte.
Fuera de eso, el gobierno hará una campaña en los medios de
comunicación que
invite a respetar la vida de los maestros. El viceministro
explicó que esta
será dirigida en particular a valorar a los maestros "porque son
quienes más
se ven afectados por la violencia, ya que además de su trabajo
con el
magisterio algunos maestros son voceros de las comunidades y
denuncian
acciones ilegales como la presencia de cultivos ilícitos,
narcotraficantes o
grupos armados". El Viceministerio también anunció un cuidado
especial a los
trabajadores de los hospitales que están en proceso de
reestructuración y
que manejan grandes sumas de dinero.
"Esas determinaciones fueron producto de un acuerdo entre
sindicatos y
autoridades después de detectar los focos donde más violencia se
está
generando últimamente", dijo el funcionario.
Lo que viene es duro tanto para las autoridades como para los
sindicalistas.
A pesar de los esfuerzos de Estado y líderes sindicales por
prevertir la ola
de violencia y desactivar la cultura de intolerancia que la
alimenta, en
tres meses ya van 17 sindicalistas asesinados. Un costosísimo
campanazo de
alerta que está diciendo a gritos que hay que hacer mucho más
para acabar
con este despreciable crimen.