Hay también una respetada tradición jurídica que nos habla de la corresponsabilidad de los actos, o de lo que también es llamada culpa concurrente, ante los hechos dañosos, y ese es también uno de los elementos importantes a tener en cuenta de los que tampoco se habla. En 1987, cuando se discutía el tema de la deuda, la Comisión de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas, aprobó una resolución donde se evaluaba la corresponsabilidad de los acreedores, en una resolución aprobada por 131 votos a favor y sólo el voto de los Estados Unidos en contra.

Hace muy poco tiempo accedí a un informe donde se analiza la forma en que se efectuaron muchos préstamos, no sólo a la Argentina, sino a otros países, que demuestra la liviandad de los acreedores y la perversidad en el procedimiento empleado, y que lleva a la reflexión de que existía un deliberado propósito de provocar endeudamientos irresponsables, que no se pudieran pagar, y de tal manera generar un tributo permanente, que se incrementara a través dei tiempo. Algunos ejemplos de lo que digo son la Central Nuclear de Bataan, en Filipinas, construida en los años 80 y que ha causado una deuda que llega hoy a los 23.000 millones de dólares. Se construyó sobre una falla tectónica y por sus rajaduras no puede generar electricidad. La fábrica de papel de Santiago de Cao en el Perú que no pudo funcionar por no tener suficiente agua, o el inconcluso tren eléctrico de Lima; la refinería de estaño de Karachipampa, Bolivia, la cual por estar ubicada a 4.000 metros de altura no tiene suficiente oxigeno para operar; la procesadora de basura para Guayaquil que nunca se instalò; la acería ACEPAR en Paraguay, que no funciona desde su culminación hace 16 años, o la imprenta del Ministerio de Educación de Quito, instalada en 1991 a más de doce años de haber sido comprada, cuando el país de origen, la República Democrática Alemana ya no existía, y que no funciona.

Todas esas obras fueron realizadas por empresas transnacionales, previos estudios de factibilidad realizadas por consultoras del mismo origen y financiadas por bancos asociados que indudablemente conocían el destino de la inversión, además de contar en muchos caso con la fiscalización de los organismos multilaterales de crédito. Como puede verse esta cuestión de la ilicitud y la corresponsabilidad no sólo afecta a la Argentina, sino que es un problema dei tercer mundo. Pero existen algunas cuestiones por demás significativas que evidencian que tales préstamos fueron estructurados en un principio para el conocido reciclaje de petrodólares, y luego se fue perfeccionando el objetivo de someter a determinadas regiones y convertirlas en tributarias del nuevo sistema financiero.

Debe recordarse que la mayor parte del origen de los préstamos, parten de convenios celebrados con gobiernos ilegítimos y con altos índices de corrupción, y que el ciertos casos excepcionales donde algunos funcionarios honestos dei Banco Mundial, advirtieron que los fondos se estaban desviando, reciclando a otras inversiones o depositando en cuentas privadas de los funcionarios en los bancos suizos, no sólo no se tomó ninguna medida, sino que se siguieron suministrando generosos créditos. Un ejemplo de estas situaciones, es el de Blumenthal, que fue nombrado veedor en el Zaire por el FMI, y en un informe elevado a las autoridades, explicó la enorme corrupción del régimen, manifestando que no podía continuar en su función porque no tenia posibilidades administrativas de hacerlo, cumpliendo con las normas legales. Después de ese informe el Banco Mundial volvió a suministrar nuevos créditos al gobierno. De la deuda nigeriana, de más de 40.000 millones de dólares, ninguno de los fondos prestados fue utilizado en beneficio de su población. Estos son sòlo algunos ejemplos de esa corresponsabilidad de la que he venido hablando, y que en nuestro país ha funcionado adecuadamente.

Otro de los aspectos a considerar, es plantear la cuestión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la denegación de justicia que supone desconocer la investigación efectuada por el Juzgado Federal No 2, llegando eventualmente ante la Corte Interamericana en salvaguarda de los derechos de nuestro pueblo, que siguen siendo avasallados por el gobierno, quien no reconoce ninguna limitación en su accionar, y tiene como objetivo esencial “honrar la deuda’ aunque para ello deba sacrificar sin vacilaciones a la Nación toda.

Finalmente y para terminar con el enunciado de estas posibilidades de no pago, habría que realizar un trabajo exhaustivo sobre las consecuencias reales de una actitud semejante, porque resulta obvio, que hay que prevenir las reacciones de los acreedores. Hace ya muchos años el embajador Thomas Enders, Secretario de Estado Adjunto del Departamento de Estado, realizó un ensayo, para determinar que ocurriría si los países latinoamericanos repudiaran su deuda en conjunto, y cada uno de dos en forma particular, y si la pagaran parcialmente o recurrieran a una moratoria unilateral. Los resultados a los que llegó en caso de que el repudio se hiciera en bloque, fueron que EE.UU. perdería más de 200.000 empleos y 77.000 millones de dólares al año. Ese estudio fue hecho en 1982, y si las cifras se extrapolaran a estos días los resultados serian mucho más graves para ellos. ‘también llegó a la conclusión de que del bloque de países, sólo la Argentina y Venezuela estaban en condiciones de hacerlo sin correr mayores riesgos, y que esa moratoria era lo que más les convenía.

También se debe observar, que actitudes soberanas como las que comento traerían serias consecuencias al sistema financiero internacional, debido a lo cual siempre se buscan otras alternativas, que significan hacer crecer los préstamos aunque sea nominalmente. Cuando el Ministro de Economía de México, Silva Hertzog, se comunicó con el gobierno norteamericano para informar que no se podía cumplir con los compromisos de la deuda en la década del 80, EE.UU. no ejerció ningún tipo de presión, ni recurrió a ningún bloqueo, ni los acreedores recurrieron a medidas extremas. No hubo otra alternativa que ir en auxilio del país, reprogramar la deuda, e inyectar más de 8.000 millones de dólares de dinero fresco para evitar un colapso que hubiera afectado al mundo entero. México lo hizo porque carecía de alternativas, y pudo salir a costa de seguir afectando la economía de su pueblo. Pero esto señala una evidencia, y es que ante planteo realistas, las respuestas de los grupos financieros también son realistas, y conocen perfectamente las consecuencias que les puede acarrear que una Nación se plante frente a sus exigencias, y recupere el control de su economía. Hubo algunos intentos de acuerdo entre varios países para coordinar una acción común como la Declaración de Acapulco del 29 de noviembre de 1987, emitida por seis presidentes, y el pronunciamiento de los países africanos reunidos en Addis Abeba el 1° de diciembre del mismo año, pero no pasaron de la mera retórica y no tuvieron ninguna consecuencia práctica, más allá de un simple enunciado de buenas intenciones.

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